El gobierno local sigue confiando en la consultora Deloitte para que se encargue de defender judicialmente el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que llevó a cabo en el Ayuntamiento septiembre de 2012. Así, ha vuelto a contar con esta firma para que represente al Consistorio en las más de 200 demandas que han presentado los afectados de manera individual.

Para ello, el 23 del pasado mes aprobó en una Junta de Gobierno Local destinar para esta contratación unos 121.000 euros, IVA incluido, una cuantía que se financiará con una partida genérica que recoge el presupuesto municipal para gastos judiciales. El coste de cada demanda se ha estipulado en unos 600 euros aproximadamente. Tras esto, se inició el procedimiento de contratación aprobándose a la semana siguiente la elección de Deloitte al considerar que es la única empresa "capacitada" para esta labor. No en vano, la consultora fue la que elaboró el informe jurídico económico que justificó el despido colectivo y la que lo defendió en el procedimiento judicial tras el recurso presentado por los sindicatos.

Mientras tanto, para la próxima semana está previsto que comiencen a celebrarse en los Juzgados de lo Social de la ciudad las primeras vistas orales por las demandas individuales. Una vez que se ejecutó el ERE, los afectados tuvieron que presentar una denuncia ante esta vía, que se unió a la colectiva que presentaron los sindicatos. No obstante, y tal y como establece el procedimiento judicial en materia laboral, primero tenía que resolverse esta última ya que debía analizar o no la legalidad del despido colectivo en su conjunto. Esta demanda llegó finalmente hasta el Tribunal Supremo que acabó fallando a favor de las tesis del gobierno local a mediados del pasado año al avalar el ERE. No obstante, algunos magistrados de la Sala de lo Social del Alto Tribunal emitieron un voto particular donde discrepaban del respaldo legal de la medida al cuestionar los criterios utilizados para la elección de los afectados, una opinión que servirá de base en las demandas individuales que ahora serán analizadas. Así, una vez finalizada la denuncia colectiva, toca el turno a la de cada uno de los despedidos, unos juicios que no han podido celebrarse antes por la carga de trabajo que soportan los juzgados de lo Social jerezanos.

Lo que ya ha anunciado el gobierno local es que tiene previsto presentar recursos en instancias jurídicas superiores en el caso de que las sentencias les sean desfavorables así como que no contempla readmitir a los despedidos cuyo despido sea catalogado como improcedente, aunque ello conlleve un incremento considerable de la indemnización a abonar.