Como ya recogió este medio en su edición de ayer, el pasado viernes, la misma noche en que unas 200 personas se concentraron en la Catedral para protestar contra los despidos en el Ayuntamiento, agentes de la Policía Local identificaron y denunciaron en la Comisaría de Policía a cuatro personas que fueron sorprendidas en la vía pública realizando pintadas atentatorias contra la alcaldesa, Pilar Sánchez. Se da la circunstancia, según se expone en un comunicado remitido ayer por el gabinete de prensa municipal, de que estas cuatro personas están vinculadas al sindicato CGT y que una de ellas es José García González, conocido como Pepe el Largo y "padre de una de las personas que fueron contratadas en período preelectoral por el anterior delegado de Urbanismo y que recientemente vieron suspendida su relación laboral -al igual que otras 16 personas- con la GMU". Precisamente, este delegado sindical en el Consistorio fue sorprendido por el 092 realizando una pintada en la que rezaba: "Pilar nazi".

Tras identificar a estas cuatro personas, los agentes de la Policía Local se personaron en la comisaría de la Policía para realizar las oportunas diligencias, a las que se adjuntó el material con el que se estaban realizando las citadas pintadas, así como numerosas pegatinas similares a las que en los últimos meses vienen proliferando por toda la ciudad, en las que se achaca a la alcaldesa el problema del paro y en las que se vierten manifestaciones calumniosas sobre la misma y sobre algunos de sus colaboradores. Horas más tarde, prosigue la nota, los propios agentes descubrieron varias pintadas similares en pleno centro, concretamente en el entorno de la Catedral, así como en el propio domicilio particular de la alcaldesa. Los agentes también descubrieron pintadas en el recinto monumental del Alcázar, calificado como Bien de Interés Cultural y por tanto sometido a especiales normas de protección. Ayer, estas pintadas fueron objeto de estudio para analizar el perjuicio causado en el monumento.

Ante la "gravedad de estos hechos atentatorios contra la regidora, contra el PSOE, contra terceras personas y contra el patrimonio de los jerezanos, la alcaldesa y el gobierno local se reservan el derecho de emprender cuantas acciones legales consideren oportunas para responder a unos injustificados actos que suponen una inaceptable campaña de acoso y desprestigio". Paralelamente, el gobierno dará las correspondientes instrucciones para que se estudie en sede judicial si la campaña de colocación de pegatinas y de pintadas injuriosas y amenazantes hacia la figura de la regidora socialista, que ya fue denunciada hace unos meses, tiene relación con los hechos registrados anteayer y con los identificados.

Asimismo, el gobierno local quiso mostrar su "más enérgica condena de unas prácticas que nada tienen que ver con el ejercicio de un sindicalismo democrático y respetuoso, y que sin duda descalifican por sí solas a sus autores".

Por este motivo, y por respeto a las reglas democráticas y al conjunto de la ciudadanía, el gobierno deja de considerar a estas personas como interlocutores de cualquier proceso negociador", en alusión a la búsqueda de una salida laboral para la veintena de despedidos por el Ayuntamiento hace unos meses. Y, además, comunica al conjunto de la ciudadanía que "pondrá todos los medios a su alcance para que todo el peso de la ley caiga sobre quienes desarrollan este tipo de prácticas".