El Ayuntamiento de Jerez presta un total de 37 servicios públicos que no le corresponden, según se desprende del análisis que ha realizado el gobierno local dentro del primer Plan de Ajuste municipal. Éste es uno de los datos más destacados que dio ayer a conocer la alcaldesa, María José García-Pelayo, en una comparecencia en la que estuvo acompañada del segundo teniente de alcalde, Javier Durá, y en la que también informó de que el Consistorio se ahorraría hasta 16 millones de euros si estos servicios públicos fuesen prestados por las administraciones (Gobierno central y Junta de Andalucía, principalmente) a las que le corresponde. Esta inversión que asume el Ayuntamiento, sin ser obligatoria, se centra fundamentalmente en el gasto de personal, gasto corriente y transferencias. La regidora dejó claro, no obstante, que el gobierno local no se está planteando lógicamente dejar de prestar estos servicios a los ciudadanos, pero si advirtió que hay que "reorganizar y racionalizar" los mismos, sobre todo dada la mala situación económica de las arcas municipales. Para ello, tal como explicó, el gobierno local quiere que a principios de año se constituya una mesa de trabajo con representación de todos los grupos políticos municipales.

En concreto, el informe ha sido elaborado por Alcaldía-Presidencia y se han estudiado un total de 115 servicios que presta el Ayuntamiento, de los que 48 deben ser prestados obligatoriamente por el Consistorio frente a los 37 sobre los que no tiene obligatoriedad. "Uno de las conclusiones que se desprende del análisis es que el Ayuntamiento de Jerez ha sido muy expansivo, muy acaparador en sus competencias y es un modelo que está pasando factura", afirmó García-Pelayo. Así, tras realizarse el análisis de los servicios, la mesa de trabajo lo estudiará con el objetivo de elaborar un documento "que racionalice y reorganice la prestación de los no obligatorios y también los obligatorios". La alcaldesa dejó claro ayer que se trata de un documento de "tanto calado político y tan trascendente para el futuro del Ayuntamiento" que es necesario "contar con el apoyo de todos los grupos políticos". Incluso, adelantó que, una vez elaborado no descartaría "realizar una consulta popular ya que los ciudadanos también deben decidir en qué y cómo se gasta su dinero porque debemos ir encaminados a ofrecer unos servicios de calidad y que mejoren la vida de los ciudadanos".

Durante la presentación del análisis, García-Pelayo insistió en que "en ningún caso se van a dejar de prestar estos servicios ya que sería una irresponsabilidad, sino que vamos a pedir la implicación de las administraciones competentes y racionalizar estos servicios. No debemos hacer este camino solos sino que debemos ir de la mano del resto de las administraciones para que se definan claramente las competencias y se doten financieramente a las mismas". Asimismo, García-Pelayo fue tajante a la hora de explicar que "los servicios sociales son intocables y no entrarán en la discusión ni en el debate de la mesa de trabajo. Seguiremos manteniendo el Plan Concertado que implica tanto al Ayuntamiento como a la Administración central y a la autonómica". En estos momentos, añadió, las administraciones "no están cumpliendo con la letra de este Plan ya que el Ayuntamiento está poniendo el 80% de la financiación de estos servicios y las demás administraciones el 20% restante, por lo que debemos exigir un reequilibrio porcentual tanto a la Junta como al Gobierno, ya que cada uno debe aportar un 33%".

Desde el gobierno local detallaron que los servicios de obligada prestación por el Ayuntamiento son, por ejemplo, al abastecimiento y depuración de aguas; recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos; así como el transporte público de viajeros. También existen servicios en los que los ayuntamientos pueden ejercer competencias como la protección civil o la seguridad y la regulación del tráfico de personas y vehículos en vías urbanas. Estos servicios se pueden gestionar bien directamente por el Ayuntamiento o bien a través de una concesión administrativa.