Pasadas las dos y media de la tarde, más de una veintena de trabajadores despedidos en el ERE municipal se levantaron de los asientos con sus carteles de 'la fuerza de la razón'. Comenzaba en ese momento la exposición de la proposición conjunta de los grupos municipales PSOE, Ganemos, IU y Ciudadanos para pedir la incorporación de los empleados a sus puestos de trabajo y/o el pago de las indemnizaciones.

Con el 'sí' de todos los grupos y la abstención del PP, la teniente de alcaldesa de Empleo, Recursos Humanos y Deportes, Laura Álvarez, avanzó que el coste de la reincorporación de los 118 trabajadores que así lo han solicitado asciende a 13 millones de euros y el incremento de 4.434.000 euros en el capítulo 1 a partir de 2016. "La suma de las indemnizaciones de los 12 trabajadores que la quieren es de 519.151 euros, y el coste de readmisión, a fecha de 31 de diciembre de 2015, engloba el importe a abonar al personal, descontando la indemnización ya percibida, que asciende a 6 millones de euros; el importe al servicio público de Empleo estatal, 2.486.000 euros y a la Seguridad Social de 3.961.000", detalló Álvarez. A pesar de que los populares calificaron estas cifras como "un dineral", la teniente de alcaldesa fue firme y remarcó que van a poner por delante "el derecho de estas familias y vamos a conseguir que estas personas vuelvan a sus puestos de trabajo".

Teniendo sobre la mesa el coste de la reincorporación, el concejal del PP, Javier Durá, miró a la alcaldesa y dijo "usted ha mencionado en varias ocasiones que existe un informe jurídico que avala la contratación de los trabajadores, aunque nosotros no lo hemos visto". "¿Existe de verdad este informe? ¿Quién lo firma? ¿Han previsto ustedes en los presupuesto este dinero para contratar a estos señores?", preguntó Durá, quien añadió que "si nos aseguran que no van a subir impuestos, que van a poder seguir pagando las nóminas, que van a poder seguir dando servicios... Si usted eso lo ponen en un papel en los presupuestos de 2016, entonces no le vamos a decir que no. Pero queremos ver los documentos".

Era previsible que la postura del PP fuera la discordante en este punto del orden del día. El resto de grupos tuvieron mensajes de apoyo al colectivo, poniendo el acento en un ERE "arbitrario", "chapucero" y "al más estilo fascista. Un despido político", como dijo Ángeles González, de Ganemos. Precisamente esta concejal se quedó a gusto al recriminarle "a la cara" al popular Antonio Saldaña, que calificara a los despedidos como trabajadores "vagos, quejicas y conflictivos". "¿Vagos? Vagos fueron ustedes que no hicieron ni siquiera un triste informe para justificar los despidos. Para mí es todo un honor poderle decir estas cosas a la cara", lanzó González, quien despertó los aplausos de los trabajadores allí presentes.

Desde IU, Raúl Ruiz-Berdejo solicitó que la reincorporación de las sentencias improcedentes no se demore más allá del 1 de enero de 2016, "pues entendemos que no existen argumentos que puedan justificar un sólo día más de retraso". "Estamos pidiendo que se les devuelva el puesto de trabajo que legítimamente les pertenece. No pueden volver de cualquier manera, tienen que volver con todas las garantías", remarcó el portavoz de IU. Carlos Pérez (Ciudadanos) fue el más escueto en sus declaraciones, apoyando la propuesta y solicitando una "solución definitiva" para el colectivo.

La última palabra la tomó la alcaldesa. Dirigiéndose a los trabajadores que se encontraban de pie en el salón plenario declaró: "Os doy la bienvenida a vuestra casa, de la que nunca os tenían que haber echado". Más aplausos. "Tenemos que tener el corazón puesto con vosotros, pero sobre todo la razón. Hay que hacer las cosas bien, para que nadie venga luego, diga que se ha hecho mal y os vuelvan a echar a la calle", declaró Mamen Sánchez, quien añadió: "Nos partiremos la cabeza para hacer un presupuesto capaz de aunar las sensibilidades y las necesidades que tiene la ciudad".