La Comisión Europea (CE) y la presidencia portuguesa de turno de la UE ultimaban ayer la nueva propuesta de reforma con la que pretenden cerrar un acuerdo sobre la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del vino para presentarla a los países comunitarios.

Tras el rechazo el lunes en el Consejo de Agricultura de la UE a la propuesta de compromiso inicial, que amparaba la posibilidad de mantener las ayudas a la destilación de uso de boca -la gran batalla de la industria del brandy- la CE y la presidencia se trataban ayer de recoger las demandas de los países en su nueva oferta, que al cierre de esta edición aún no conocían los ministros de los distintos Estados Miembros, quienes por segundo día consecutivo negocian la revisión de la OCM, con intensas reuniones y contactos bilaterales.

Fuentes de la Comisión anunciaron bien entrada la tarde que el texto sería presentado "en breve", si bien se desconocía si el Consejo se reanudaría ayer por la noche o, por el contrario, se esperaría a hoy en la última oportunidad que tienen los Veintisiete de lograr un acuerdo antes de que finalice el año, como pretenden tanto Bruselas como el Gobierno español.

No en vano, el secretario general del Ministerio de Agricultura, Josep Puxeu, señaló días atrás, no sin advertir que España vetaría cualquier acuerdo contrario a sus intereses, que en caso de no cerrarse ahora la reforma se abriría un periodo muy difícil para el sector.

La propuesta en la que pasadas las diez de la noche seguían trabajando la CE y la presdiencia portuguesa incluirá "muchos cambios" respecto a las conocidas hasta ahora, que afectarán a "todos los países", señalaron las mismas fuentes.

Las cuestiones que complican un acuerdo son el reparto del dinero de la UE para cada país; el futuro de los tipos de ayudas que se permitirán para el sector, así como la fecha para liberalizar el cultivo de viñas y suprimir los derechos de plantación, que ahora las restringen.

La reforma que negocia la UE mantiene el presupuesto total para la OCM (1.268 millones de euros anuales) pero cambia la forma de repartirlo: una parte irá para planes que fomenten el arranque voluntario de viñas (175.000 hectáreas en tres años es el objetivo en la última propuesta) y otra a los llamados "sobres nacionales".

La propuesta de compromiso presentada el lunes ya ampliaba las medidas que podrían financiarse con esas partidas y establecía la posibilidad de que los países dieran un pago directo o ayuda por superficie al viticultor para compensarlo por la pérdida de otros tipos de ayuda, como las destinadas a la destilación. La oferta inicial también contempla un periodo transitorio para la chaptalización o añadido de azúcar al vino a la que se opone España y retrasar hasta el 2015 la liberalización de los viñedos, que el Gobierno español quiere preservar en las denominaciones de origen.