En las Subgerencia del Catastro en Jerez se preparan para recibir el aluvión de alegaciones que ya dan por hecho, entrarán por las puertas de la oficina de la calle Tornería en el mes de plazo del que disponen los propietarios de de inmuebles para reclamar.

El área rústica de esta Subgerencia dependiente del Ministerio de Hacienda es la que más trabajo prevé para las próximas semanas por el conflicto suscitado a raíz de la incorporación como bienes inmuebles de invernaderos y construcciones agrícolas en la revisión catastral del término municipal, para disparar hasta extremos insospechados el valor de las explotaciones.

Tras la denuncia de la patronal agraria Asaja-Cádiz, que destapó el martes el "escándalo", la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (Coag) desveló ayer que los primeros afectados en la provincia por este problema fueron más de 200 agricultores de Conil y que la Gerencia Territorial del Catastro en Cádiz ha admitido que la revalorazación tras la inclusión de los invernaderos se debe a una "confusión".

En un comunicado, Coag, que también ha comenzado a recibir quejas de productores de Jerez y el Campo de Gibraltar, asegura que el Catastro ya ha respondido al error y ha corregido los valores catastrales de los afectados en Conil.

Asaja-Cádiz, que el martes puso el caso en conocimiento del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para pedirle su mediación ante Hacienda por lo que considera un error mayúsculo, confía en que la solución para todos los afectados no se demore por las gravísimas consecuencias que tiene esta revisión castatral sobre las rentas de los afectados.

En este sentido, el secretario general de Asaja-Cádiz, Cristóbal Cantos, explicó que la limitación hasta un 7% de la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) anunciada por el Ayuntamiento de Jerez, si bien amortigua el impacto, no es respuesta al problema, ya que, subrayó, el valor catastral tiene repercusión directa en otros impuestos, como el de Patrimonio, la Renta o las Sucesiones. Además, prosiguió Cantos, por mucho que se bonifique el IBI, el recibo se irá adaptando paulatinamente hasta ajustarse al nuevo valor, que en el caso de las propiedades rústicas, recordó, es "disparatado".

Si hasta el martes el más grave de los casos a los que había tenido acceso Asaja se elevaba en un 2.500% el valor catastral de una explotación agrícola, entre las quejas recibidas por la patronal agraria en las últimas la "más escandalosa" es la de un agricultor que ha visto revalorizada su parcela, de menos de cuatro hectáreas, casi un 6.000% -en la imagen se reproduce la documentación-, para pasar de 5.128,63 a 305.211,48 euros, lo que tras la bonificación pertinente arroja una base liquidable para el cálculo de los impuestos de 170.171,80 euros.

El 'delito' de este agricultor es haber instalado en sus tierras 4.600 metros de invernaderos para proteger sus cultivos, es decir, una cubierta de plástico que, tras la revisión catastral, computa como bien inmueble, al igual que ocurre con las construcciones agrícolas -casetas en las que se guarda maquinaria, aperos y material diverso para atender las producciones-, que hasta ahora quedaban exentas al cotizar en el conjunto de la explotación y en función de los rendimientos.

Desde Asaja insistieron ayer en su llamamiento a todos los agricultores que en estos días están recibiendo la notificación de la revisión catastral, a los que recordó que únicamente tienen un mes de plazo para presentar reclamaciones. Tanto Asaja como Coag han puesto a sus servicios júridicos a disposición de los afectados para asesorarles gratuitamente.