La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) envió el viernes a las organizaciones sectoriales del Marco -al menos a Asaja- contra las que se ha incoado el último expediente sancionador del organismo público un requerimiento para que, en el plazo de diez días y bajo apercibimiento de sanción coercitiva de 12.000 euros por día de demora, facilitasen documentación sobre los acuerdos del precio de la uva de los últimos diez años.

Solícita, en atención a su deseo de resolver el caso cuanto antes y pese a tratarse de acuerdos públicos, Asaja-Cádiz remitió el lunes un amplio dossier con toda la información de los acuerdos de la última década -el plan estratégico 2002-2006 impulsado y avalado por la Junta de Andalucía, el acuerdo sectorial por el que se ampliaba dicho plan por dos años más y el plan de viabilidad suscrito el pasado mes de enero por la Consejería de Agricultura, el único en el que no se establecen precios de la uva y el mosto-, documentación a la que adjuntó los acuerdos anteriores a 1986 adoptados en el Consejo Regulador, entre ellos, el del año 84 -que aparece en la imagen y en el que se fijaba un precio de 25,25 pesetas por kilo de uva, superior al que se ha pagado en la última campaña-, refrendado por el Consejo de Ministros por ser anterior a la transferencia de las competencias de agricultura a la comunidad autónoma, y el del año 91, en este caso suscrito por el presidente de la Junta.

El dossier incorpora, igualmente, la consulta elevada por la organización agraria a la CNC la campaña pasada sobre la legitimidad de productores y bodegas para fijar el precio de la uva, con acuse de recibo, y sobre la que no se ha recibido respuesta.

La documentación se completa con la solicitud del archivo del expediente, que según señalaron ayer en rueda de prensa el presidente y el secretario general de Asaja-Cádiz, Manuel Vázquez y Cristóbal Cantos, lesiona gravemente al Marco por su carácter sancionador, y no informativo.

"El Marco está condenado a desaparecer", sentenció ayer Cantos en alusión a la interpretación que hace Competencia de la ley, en la que no se tiene en cuenta que "el mercado de la uva de Jerez es un mercado cerrado, regulado y finito, en el que no entendemos que viene a aplicar la CNC porque no hay elasticidad para que los precios se formen como en los mercados libres".

En otras palabras, el presidente de Asaja-Cádiz, Manuel Vázquez, significó que el expediente de la CNC es "anacrónico, porque se está investigando la fijación de un precio para un producto que, obligatoriamente, hay que venderlo a las bodegas inscritas en el Consejo, un producto sometido a un proceso de elaboración y que no va directamente del campo al consumidor".

En este sentido, Vázquez subrayó que los acuerdos del precio de la uva "podrían entrar en la ley de la interprofesión, por la que compradores y vendedores están obligados a acordar precios que garanticen la rentabilidad de la producción".

En consecuencia, Vázquez anunció ayer que la cúpula nacional de Asaja está ya al corriente y defenderá a los viticultores del Marco, que según recordó Cantos, "está en una reconversión necesaria, pero nos están empujando a una salvaje con un coste social excesivo".