Jerez

El Consejo de Transparencia de Andalucía investigará el acceso fraudulento a los expedientes municipales

  • Abre una actuación de oficio para determinar si el Ayuntamiento ha podido vulnerar la normativa de protección de datos personales

  • El estudio va encaminado a analizar qué tipo de datos se consultaron y si el Consistorio tiene los procedimientos de seguridad adecuados

Fachada principal del Ayuntamiento de Jerez. Fachada principal del Ayuntamiento de Jerez.

Fachada principal del Ayuntamiento de Jerez.

El presunto acceso fraudulento por parte de dos trabajadores municipales a expedientes municipales durante los últimos años será investigado por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica de protección de Datos.  

Esta institución ha anunciado este jueves que ha abierto de oficio unas actuaciones previas para investigar el posible “acceso indebido de datos personales en poder y bajo responsabilidad del Ayuntamiento” jerezano. En un comunicado explica que este acuerdo tiene como objetivo “determinar los hechos producidos y sus circunstancias para, si fuera conveniente, tramitar un correspondiente procedimiento por infracción de la normativa de protección de datos personales”. 

Fuentes de este órgano han explicado que está previsto que en próximos días se realice un requerimiento al Ayuntamiento jerezano para que le informe de lo ocurrido. No obstante, y ante la ingente cantidad de documentación que se prevé sea necesario analizar, no se descarta que personal vinculado a esta institución se persone en el Consistorio para ver los expedientes in situ

El objetivo de esta investigación va encaminado determinar si el Ayuntamiento vulneró la Ley de Protección de Datos al haberse producido este acceso fraudulento. Así, se analizará cómo se pudo llevar a cabo, qué tipo de datos se consultaron y si estos son o no personales así como los sistemas de seguridad tiene el Consistorio para proteger la ingente cantidad de información personal que tiene en sus archivos. En el caso de que se determine que se ha podido infringir esta ley se abrirá un procedimiento de infracción contra el Ayuntamiento.

Ahora bien, la ley no establece sanciones económicas para las entidades públicas (únicamente lo hace para los entes privados). En el caso de que finalmente se considere que se ha vulnerado la ley, se realizará un apercibimiento donde se reclamarán la adopción de medidas para resolver el problema o se iniciará otro tipo de actuaciones disciplinarias en el caso de que se califique lo ocurrido de gravedad. 

Eso sí, también cabe la posibilidad de que se realice una "amonestación" pública a la o las personas responsables de este acceso, algo parecido a una sanción reputacional que suelen publicarse en los boletines oficiales de las administraciones públicas. 

El gobierno municipal denunció el pasado miércoles que dos trabajadores municipales habrían podido acceder con la clave informática de uno de ellos a unos 4.500 expedientes municipales durante los últimos tres años.

Así, el ejecutivo aseguró que se consultaron unos 1.500 expedientes de la Delegación de Urbanismo, unos 2.800 del Registro Municipal y unos 140 de Intervención. Y también se apuntó que se accedieron a los expedientes de diversos procedimientos de contratación. 

Por este motivo, el ejecutivo municipal ha anunciado que está preparando una denuncia penal contra ambos trabajadores ya que asegura que no tenían autorización para acceder a esta documentación ya que no está vinculada a su trabajo en el Ayuntamiento. En un principio, había optado por abrirles un expediente disciplinario, aunque el ejecutivo decidió archivarlo ya que renunció a nombrar nuevos instructores de los procedimientos tras la renuncia de los primeros designados alegando que no querían que fueran "presionados" por los sindicatos

Claro está, la investigación iniciada por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos es de carácter adnministrativo, de ahí que no interfiere en las diligencias que abra el juzgado. Esta institución tiene 12 meses para resolver esta investigación. Este órgano se creó en 2014 con el objetivo de velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia y de la normativa de la protección de datos por parte de las administraciones públicas.  

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