Conflicto en el transporte público

El Consistorio recurre en el TSJA los servicios mínimos de la huelga de autobuses

  • El gobierno local quiere evitar los amplios tiempos de espera detectados durante las primeras jornadas · Urbanos Amarillos dice que "ha cumplido el convenio íntegramente" y que el Ayuntamiento "nos debe más de tres millones de euros"

Huelga, concentraciones en los garajes, manifestaciones por el centro y ahora también, denuncias en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La alcaldesa, María José García-Pelayo, firmó ayer un decreto para interponer un recurso contencioso administrativo ante el TSJA contra la orden de la Consejería de Empleo, de 27 de julio de 2011 y publicada en el BOJA nº 153 de 5 de agosto de 2011, para el establecimiento de los servicios mínimos durante la huelga convocada por los trabajadores de Urbanos Amarillos. Con esta acción, la alcaldesa apostó por garantizar los intereses de los usuarios del transporte urbano y de los comerciantes, evitando los amplios tiempos de espera detectados al inicio de la huelga.

El Ayuntamiento no fue el único en pronunciarse tras la primera jornada. La concesionaria del servicio de transporte público volvió a denunciar que "los incumplimientos que puedan existir son producidos por parte del Ayuntamiento con la empresa, concretamente por el impago de 2.090.000 euros, del último contrato de seis meses". La dirección de Urbanos Amarillos reiteró que durante este medio año "ha cumplido el convenio íntegramente, abonando todos los salarios, seguros sociales, manteniendo de la flota existente (se han comprado más de 50 neumáticos) así como subsanar y mantener los vehículos que estaban en pésimo estado". Pero no se quedó ahí y quiso manifestar que también se han realizado, según la empresa, "inversiones en las instalaciones, pintándolas, arreglando los techos, se ha tenido que cambiar y adecuar a la normativa vigente parte de la instalación eléctrica, instalación de agua, entre otras actuaciones".

Además de enumerar las supuestas inversiones en la instalación jerezana, Urbanos Amarillos denunció que desde que se firmó la concesión definitiva del servicio hace tres meses, el Ayuntamiento "únicamente nos ha abonado 300.000 euros, acumulando otra deuda a 31 de julio de 1.500.000 euros". Así las cosas, la dirección de la concesionaria lamentó el "perjuicio" a los trabajadores al no haber pagado aún la nómina de junio, julio y la paga extra, y remarcó que esta empresa "está realizando un gran esfuerzo económico para darle continuidad al servicio ya que el Ayuntamiento a fecha de hoy, y en nueve meses, acumula una deuda de más de 3.500.000 de euros".

Estas declaraciones tuvieron pronto respuesta municipal a través del delegado de Recursos, Movilidad y Seguridad, Javier Durá. El edil popular quiso dejar "muy claro" que el Ayuntamiento "contractualmente está obligado a realizar el pago de este canon de forma anual". Por lo cual, al no haberse cumplido un año de contrato, "es totalmente incierto que le debamos esta cantidad a la concesionaria. Este pago, lo volvemos a decir muy claro, no es mensual, sino anual", apuntó Durá.

El delegado insistió que es Urbanos Amarillos la que "sí tiene una deuda importante con el Ayuntamiento, de 3.200.000 euros, entre el canon de Cojetusa y la compra de los vehículos". Durá explicó que esta cantidad se tenía que haber pagado a la firma del contrato y que están esperando que lo abonen para entregárselo a la anterior concesionaria para que pueda pagar la liquidación a los trabajadores. "El Ayuntamiento no debe dinero a la empresa, en todo caso es la empresa la que debe dinero al Ayuntamiento", remarcó el delegado de Movilidad.

Sin olvidar el recurso ante el TSJA, Durá recordó que el Ayuntamiento está realizando un informe con los incumplimientos que se están detectando en la prestación del servicio por parte de Urbanos Amarillos. El delegado volvió a remarcar la obligatoriedad de la empresa de traer a la ciudad antes de fin de año más de 30 autobuses nuevos, "y que no han sido por el momento más que seis, que además a día de hoy no están en las instalaciones de la concesionaria en Jerez. Tampoco se ha cumplido con el uniforme de los trabajadores, ni con el aire acondicionado, y tampoco con el mantenimiento de los vehículos". Durá reconoció que "nos encantaría poder decir que no hemos detectado incumplimientos, que el estado de la flota es óptimo, y poder felicitar a Urbanos Amarillos por la prestación del servicio, pero la realidad es otra muy distinta".

En este cruce de acusaciones, los trabajadores se posicionaron junto al Ayuntamiento tras conocer las declaraciones de la empresa sobre el estado del servicio. "Urbanos Amarillos debería demostrar si esto que dice es verdad. Es de risa que diga que han comprado 50 neumáticos cuando en la flota hay alrededor de 400. ¿Qué mejora es esa? Son excusas que no tienen la más mínima lógica y contra las que el Ayuntamiento debería tomar medidas serias", declaró el presidente del comité, José María Romero.

La plantilla, que ayer recorrió las calles del centro en la primera manifestación dentro del calendario de movilizaciones, criticó que "en los 15 años de concesión Urbanos Amarillos va a ganar alrededor de 115 millones de euros. Con esta cifra es lamentable que no haya pagado ni un céntimo a Cojetusa, tampoco el canon y ahora diga que como el Ayuntamiento no les paga no puede hacer frente a las nóminas de los trabajadores". Indignados tras escuchar que según la empresa "están haciendo un gran esfuerzo económico por el servicio", Romero denunció que "con Cojetusa teníamos 54 autobuses, y ahora con Urbanos Amarillos sólo llegamos a 45 y de esos, 11 están averiados. En el pliego de condiciones se especifica que la empresa debe tener solvencia económica y técnica, y a la vista está que no es está cumpliendo".

Sobre la huelga que hoy cumple su tercera jornada, el comité aseguró que seguirá adelante "por mucho tiempo" mientras la empresa no cumpla con los salarios y el 100% del convenio. Lamentaron además que la dirección de Urbanos Amarillos no se haya puesto en contacto con los trabajadores para buscar una solución al conflicto, aunque reconocieron que "¿qué nos van a decir? ¿Qué explicaciones nos van a dar? Pues nos dirán que no nos pueden pagar. Pero vamos, que la razón real es que no lo hacen porque no quieren".

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