Jerez

El Consistorio derribará los pisos del antiguo parque de bomberos

  • El gobierno consensuará con todos los afectados esta medida destinada a la construcción de nuevos bloques, como ya se ha hecho en San Juan de Dios

Representantes de la asociación de vecinos 'Llamarada', presidida por Honorio Trillo, se reunieron ayer con los delegados de Urbanismo y de Vivienda, Juan Pedro Crisol y Antonio Fernández Ortega, con el objetivo de abordar la situación en la que se encuentran los ocupantes del bloque de viviendas situado en las instalaciones del antiguo parque de bomberos. Se trata de 22 pisos construidos por Junta de Fomento del Hogar para los bomberos y de las que ahora es propietario el Ayuntamiento. Recientemente los vecinos denunciaron que son las únicas viviendas de la Junta de Fomento que aún no se han vendido a sus inquilinos y criticaron el mal estado en el que se encuentran, ya que no pueden actuar en ellas al no ser de su propiedad. Así, tras el encuentro mantenido ayer en Urbanismo con técnicos del área de Patrimonio municipal y de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emuvijesa), los concejales socialistas destacaron "el clima de cordialidad auspiciado por el interés y firme voluntad municipal de encontrar una respuesta a las demandas formuladas por los propios interesados". En este sentido los delegados del gobierno local reconocieron que son "conscientes y sensibles" a la situación planteada por los inquilinos de los 22 inmuebles afectados y resaltaron el "compromiso de buscar una solución de futuro de forma inmediata". No obstante, desde la asociación vecinal instaron ayer al Ayuntamiento a que acometa mejoras urgentes mientras se decide el futuro definitivo de sus viviendas. "Los bloques están fatal y es necesario, al menos, un lavado de cara", explicó Honorio Trillo, señalando que "nos hemos ofrecido a buscar la mano de obra, si ellos nos facilitan el material necesario para poder pintar las fachadas. Ya hemos quitado las pancartas y valoramos positivamente este encuentro, por eso esperamos que tengan un gesto con nosotros y nos faciliten un arreglo". Una propuesta que "el gobierno local ha dicho que estudiará". Al mismo tiempo, desde el Consistorio se procederá a la realización de un trabajo de campo con cada uno de los vecinos que permitirá la elaboración de un estudio socio-económico individualizado al objeto de definir la situación concreta de cada uno de los inquilinos. "Nosotros ya hemos facilitados los documentos, pero no será hasta septiembre cuando se elabore el informe porque es período de vacaciones", subrayó el responsable vecinal, anunciando que este mismo viernes los vecinos estudiarán en asamblea las medidas anunciadas ayer por los delegados.

Tras este primer paso, los delegados aseguraron que se iniciará un proceso "dialogado y consensuado" con los vecinos a fin de proponer una solución de futuro integral para las viviendas que permita el derribo de los actuales inmuebles y la construcción de unos nuevos, siguiendo el modelo puesto en marcha en San Juan de Dios o Cerrofruto. Tanto Crisol como Fernández Ortega recalcaron la voluntad de "corregir" esta situación con los afectados dentro de las posibilidades que permitan el ordenamiento jurídico y la normativa urbanística. De hecho el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) en fase de aprobación provisional contempla "por primera vez una solución a este problema al proponer un cambio de uso en la calificación de los terrenos sobre los que se asientan las viviendas que pasarían de ser de equipamiento público a gozar de uso residencial y comercial, lo que permitirá llevar a cabo una importante actuación urbanística en ese entorno". De hecho, respecto a este último apunte, el propio Honorio Trillo reconocía ayer que "se trata de una alegación que nosotros presentamos al PGOU".

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