El Ayuntamiento tendrá que estar como responsable civil subsidiario en el caso del joven que perdió un ojo en el 'botellódromo' tras ser agredido con una botella. Así lo ha entendido la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad, tras haber escuchado las alegaciones de la acusación particular. Hace apenas unos días que la jueza ha dictado una providencia en ese sentido.

Las razones que ha aportado la acusación, que ejerce el joven lesionado, residen sobre todo en el incumplimiento de deberes reglamentarios de la Corporación municipal, al no disponer de medidas de seguridad, ni siquiera de la dotación de agentes municipales para cubrir la zona del 'botellódromo', única zona en la calle en la que está autorizado beber alcohol sin recibir a cambio una sanción administrativa.

Así, atendiendo a la ley de potestades administrativas en materia de ocio en espacios abiertos en Andalucía, ésta fija que los municipios deben establecer las zonas en espacios abiertos en las que puedan desarrollarse estas actividades de ocio, "así como las condiciones que hayan de cumplir para garantizar el normal desenvolvimiento de la convivencia ciudadana". Por esto, el Ayuntamiento tiene la obligación de delimitar, regular y controlar las zonas habilitadas por ellos mismos en cumplimiento a la normativa autonómica.

De todo lo ocurrido, y tras la declaración de algunos testigos, se puede desprender que faltaban medidas de seguridad, cuanto menos en el número de policías que controlaban la zona, así como la asistencia sanitaria. Así lo entiende la acusación particular que ejerce el propio Adrián Iglesias, el joven agredido con una botella rota en la cara, un incidente por el que ha perdido un ojo. La responsabilidad del Ayuntamiento viene por tanto dada por un principio de riesgo social, como señalaba la acusación particular, algo que parece haber entendido de esta manera la jueza, teniendo en cuenta la resolución que ha emitido.

Así, una vez celebrado juicio, si en la sentencia se determina que hay que indemnizar al agredido por las secuelas de lo sucedido, el Consistorio debería abonar cierta cantidad por esa falta de cuidado o previsión, aunque posteriormente se determinaría hasta qué punto llega esa responsabilidad civil subsidiaria.

Con respecto a este caso, en el que hay imputados cuatro jóvenes, se han producido otras novedades. Hasta ahora sólo uno de ellos permanece en prisión preventiva. Se trata de M.F.O., que está ingresado en el centro penitenciario desde el pasado 30 de octubre, apenas unos días después de este desagradable episodio. Su defensa solicitó su puesta en libertad hace unas semanas, pero la Sección Octava se la ha denegado. La razón que ha dado no es otra que la existencia de riesgo de fuga, un riesgo de fuga que no entendía la defensa, que también señaló que en caso de que se pusiese en libertad no habría reiteración delictiva.

Da la casualidad que este imputado ha sido reconocido por algunos testigos como uno de los participantes en la agresión de Adrián, tanto en rueda de reconocimiento como con posterioridad a lo sucedido. La pena a la que se puede enfrentar este joven, si el procedimiento siga adelante, puede oscilar entre los seis y los doce años de prisión por lesiones. Las secuelas que pueden quedarle al agredido están por determinar.