El Consorcio Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos reclama al Ayuntamiento de Jerez una deuda de 2.308.845,06 euros desglosada de la siguiente manera: 438.746,47 euros por deuda anterior a 2002, 180.000 euros deuda entre 2014 y 2018 y 1.690.098,59 euros de la ‘cuota de separación’.

Al Ayuntamiento, que anuncia que denunciará en el contencioso administrativo al Consorcio Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, no le consta deuda alguna anterior al año 2002. De hecho, el 22 de marzo de 2002 el Consistorio, según asegura, recibe un documento del Consorcio Bahía de Cádiz certificando que a 31 de diciembre de 2001 el Ayuntamiento no mantiene deuda con tal Consorcio.

Además, en el Departamento de Residuos del Servicio Municipal de Medio Ambiente no consta que el Consorcio haya girado factura alguna durante el periodo comprendido entre los años 2014 y 2018 (ambos años inclusive), por lo que el Ayuntamiento desconoce a qué corresponde tal reclamación.

Es el mismo caso de la deuda que reclama el Consorcio de 1.690.098,59 euros por el coste del sellado y mantenimiento del vaso 0 y 1 del vertedero de Miramundo. El Ayuntamiento dice que no le consta “factura alguna por dicho concepto. Es más, en el artículo 24 de los Estatutos del Consorcio no se recoge este concepto por la separación de residuos de alguno de sus ayuntamientos miembros”.

Se recuerda que el Ayuntamiento de Jerez, desde la entrada en funcionamiento de la planta de compostaje y reciclaje de Las Calandrias en el año 2002, ha realizado en ella el depósito y tratamiento de los residuos urbanos “no habiendo hecho uso bajo ningún concepto del vertedero de Miramundo” habiendo tenido noticia de tales facturas tras la notificación del Consorcio con fecha de 21 de marzo de 2019.

Cabe destacar además que “el Consorcio Bahía de Cádiz lleva desde el año 2004, en el que los Ayuntamientos asociados acordaron su disolución, sin tener efecto de manera que actuaba y adoptaba acuerdos la ‘Junta Liquidadora’, por lo que se desconoce con qué facultades y competencias se emitían estas facturas” que ahora se reclaman.

Asimismo, el Consorcio demanda “una deuda de servicios no prestados al Ayuntamiento de Jerez. Hay que recordar que el Consorcio impuso una tasa consorcial para paliar el déficit y la deuda extrema que presenta este organismo, y que en ningún caso los jerezanos van a pagar lo que por obligación y derecho le corresponden a otros ayuntamientos. De hecho, las últimas informaciones publicadas evidencian una supuesta situación de máxima gravedad en la gestión de la planta de Miramundo”, señala el Ayuntamiento.El Consistorio jerezano señala que “según informaciones publicadas en los medios el pasado mes de marzo, la empresa ‘2020 Ingenieros’ (encargada del seguimiento del pliego de concesión de la gestión de Miramundo y el Consorcio) ha denunciado que Bioreciclaje siguió cobrando una tarifa única a los municipios consorciados aunque no generaba los residuos”. “Unas irregularidades en la gestión -añade el Ayuntamiento- que podrían llevar a la nulidad de tal contrato y eximir así a los ayuntamientos consorciados de la deuda de más de 35 millones de euros que la concesionaria Bioreciclaje reclama a éstos”.

Además del cobro de esta tarifa, se argumenta la tasación incorrecta de los residuos, cargados como material listo para su tratamiento pero no procesados y la tasación única por el servicio prestado “independientemente del destino” de la basura recibida.‘2020 Ingenieros’ refiere un “doble beneficio” al vender Bioreciclaje los residuos que llegaban a Miramundo a operadores especializados en este tipo de residuos. Asimismo, un informe interno del propio Consorcio afirma que la tarifa única “no se ajusta a las circunstancias reales del servicio”, según lo publicado en prensa en marzo del presente año 2020.

“Uno de los asuntos más espinosos en la última década fue la no construcción en su tiempo previsto de una planta con módulos de reciclaje y compostaje. Ésta se edificó 10 años después, sin penalización para la empresa. Los dos módulos de ‘biometanización’ y ‘cogeneración eléctrica’ que iban a ser objeto de explotación nunca entraron en funcionamiento, a resultas de la tecnología empleada y por criterios de seguridad, de manera que la Junta Liquidadora del Consorcio en 2007 suprimió a la empresa de sus obligaciones contractuales respecto al uso de estos módulos de la nueva planta”.