Los profesionales que trabajan en el ámbito municipal con familias donde se dan malos tratos y que son lógicamente los que primero detectan los casos aseguran que mientras que se han producido evidentes avances en la lucha contra la violencia de género, no ocurre lo mismo en la protección a los menores que sufren maltrato, una protección que -dicen- es en estos momentos "muy débil". Los motivos, según estos profesionales, que se están planteando remitir un escrito al Defensor del Pueblo Andaluz explicando esta problemática, son la escasez de recursos tanto humanos, como de centros o de familias acogedoras, porque entienden en este último caso que no se han hecho campañas de sensibilización sobre el problema de los menores para motivar a posibles familias de acogida.

La situación es tan alarmante que, según afirman, no se está protegiendo a menores que están viviendo un maltrato grave. "Donde tenía que haber trabajando 30 profesionales, hay once. La Junta no se toma en serio la protección infantil, año tras año vemos como faltan recursos. Nosotros comunicamos a la Junta situaciones que tenemos demostradas de maltrato hacia un menor y no hay actuaciones porque no hay personal". Este profesional explica gráficamente la situación: "Es como si cogieses a un ladrón, lo llevases a la Policía y te dijesen que no se pueden hacer cargo de él por falta de medios".

En concreto en la provincia de Cádiz, las carencias son graves. Apenas se cuenta con dos equipos de profesionales del Servicio de Atención al Menor de la Junta para una zona tan amplia. "Se tienen que ocupar de citar a las familias, advertirles de las consecuencias, si al final se les retira al menor buscar un centro, ver cómo evoluciona la familia y si el niño no se puede reintegrar a su hogar porque la familia sea irrecuperable encontrar una de acogida. La situación es lamentable, no pueden con todo".

Los datos hablan también por si solos. Si de los casos de maltrato que se atienden desde Bienestar Social del Ayuntamiento de Jerez, 30 o 40 se comunican por su gravedad al Servicio de Atención al Menor de la Junta para su intervención, basta con una simple multiplicación por el resto de municipios de la provincia para visualizar el ingente trabajo que deben asumir entre dos equipos de profesionales. "Además, a nivel municipal se ha mejorado y se detectan mejor los casos graves de maltrato, pero cuando llegan a la Junta no tienen capacidad de actuar".

Ante frecuentes denuncias de padres que creen injustificada la retirada de sus hijos, estos profesionales defienden que son decisiones muy pensadas y que sólo se adoptan "cuando es necesario. Lo último es quitarles los niños a una familia. Desde luego, la Administración no tiene interés en quedarse con ningún niño, pero a veces hace falta para protegerle".