"Siempre nos habíamos encontrado con un muro y ahora parece que hemos encontrado una grieta en el muro". De esta manera resumía ayer Sara Rodríguez, portavoz de los afectados de Jerecom, la investigación que la Fiscalía Anticorrupción está desarrollando en Jerez sobre las gestiones realizadas por el Ayuntamiento en materia urbanística y que se une al proceso concursal que ya tramitaba el Juzgado de lo Mercantil, tras presentar la empresa suspensión de pagos. Aún así, mostraba cautela a la hora de valorar los primeros datos que se están conociendo sobre las empresas de Jerecom, apuntando que "no quiero ilusionarme demasiado porque sé que la Justicia no siempre llega al pueblo. Hay gente que roba una barra de pan y va a la cárcel pero otros roban a 450 familias y no les pasa nada". Sus palabras muestran el sufrimiento que han pasado a lo largo del último año todos las pequeñas empresas a las que Jerecom dejó sin cobrar al declararse en quiebra. Precisamente por ello y a la luz de los últimos acontecimientos, Sara Rodríguez adelantó ayer que esta misma semana presentarán denuncia contra Pedro Pacheco (ex delegado de Urbanismo del PSA), María José García-Pelayo (ex alcaldesa del PP) y Pilar Sánchez (actual regidora del PSOE). "Ellas eran las presidentas de la Gerencia Municipal de Urbanismo cuando se firmaron los contratos y adjudicaciones y, además, eran alcaldesas, por eso la denuncia será contra los tres", explicó la portavoz, señalando que probablemente la harán efectiva hoy o mañana. Al tiempo que aclaró que la denuncia también se centrará en la familia Grimaldi (propietaria de Jerecom) y en otras 12 empresas pertenecientes a los mismo propietarios. En total son 450 familias afectadas por esta trama, aunque Sara Rodríguez detalla que "somos 9 los que tenemos el mismo abogado, aunque he hablado con otros afectados y dicen que presentarán una querella".

Del mismo modo, pese a que la alcaldesa Pilar Sánchez se comprometió públicamente a iniciar una investigación cuando se iniciaron las protestas de afectados, lo cierto es que la portavoz apunta que "nunca más supimos de ese tema, de hecho, posteriormente desde el gobierno municipal han desmentido que se estuviese haciendo una auditoría y tampoco han contactado con nosotros". Es más, tal como recuerda Sara Rodríguez, en el pleno del 29 de noviembre de 2007 se dio luz verde a "la modificación del presupuesto económico de 2007 de la GMU, con la que cerca de tres millones de euros que estaban adscritos en ese presupuesto al pago de intereses del préstamo de 65 millones, se liberan para el pago de deuda no presupuestada, como son distintas facturas y deudas con empresas generadas durante 2005, 2006 y parte de 2007, entre otros conceptos. De esta manera, el gobierno municipal, en un ejercicio de responsabilidad política, da respuesta a las deudas contraídas con numerosas pequeñas y medianas empresas, la mayoría jerezanas, y solventa una parte de los débitos de la GMU", informaron en nota de prensa desde el Ayuntamiento en aquella fecha. Un dinero que "nunca llegamos a ver las pequeñas empresas afectadas por Jerecom, pese a que ya estaba abierta la investigación y la alcaldesa se comprometió a que ese dinero no iría para los Grimaldi".

Se da la circunstancia, además, de que en marzo del pasado año "los afectados entregamos un listado al delegado de Vivienda, Antonio Fernández, con todas las empresas y nombres de la familia Grimaldi y también con los afectados. Después de dárselo, las empresas Grimaldi han continuado trabajando con Emuvijesa (Empresa Municipal de la Vivienda) y, sin embargo, no le han dado trabajo a ningún afectado". Lo más grave, según explica la portavoz, es que son los propios afectados los que han logrado paralizar distintas obras que la familia Grimaldi continuaba ejecutando (con cargo a Emuvijesa y bajo distintos nombres) en la ciudad, ante la pasividad de las instituciones públicas. Es el caso, por ejemplo, "de la que estaba realizando Movipac en la ronda del Colesterol, pese a que había ya un informe del juzgado". También la empresa Sura "trabajó en la promoción Calixto y otra entidad de Grimaldi intentó coger la construcción de Torrecera, aunque nos avisaron e hicimos otra manifestación allí".

La lista de empresas es tan extensa, según explica Sara Rodríguez, que es complicado seguirles la pista "porque van cambiando los nombres y pasan de un hermano a otro, a la cuñada, etc. De hecho, por lo que sabemos ahora, los Grimaldi están cobrando el paro y nosotros seguimos esperando que nos paguen". No obstante, advierte que pueden aparecer en cualquier momento como ya han hecho anteriormente bajo los nombres de "Urbea, Nogasa, Alba y Jiménez, etc.".