Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia en los juzgados contra dos empleados de la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento jerezano por no ejecutar los expedientes de demolición de varios inmuebles e instalaciones en la ribera del río Guadelete. El colectivo conservacionista considera que esta falta de actuación podría ser constitutiva de un delito de prevaricación.

En el escrito presentado al Juzgado explica que en 2016 puso en conocimiento de la Delegación de Urbanismo la existencia de estas ilegalidades urbanísticas. Concretamente hace mención de una “casa de 300 metros cuadrados” construida en las inmediaciones de la venta La Cartuja y de unas instalaciones en la barriada rural de El Portal.

Así, entre 2017 y 2018 se decretaron las órdenes de demolición, aunque los infractores hicieron caso omiso de ellas, tal y como relata la entidad en el comunicado hecho público este jueves. Las construcciones se encuentran en las proximidades de la venta La Cartuja sobre unos suelos catalogados como no urbanizables de especial protección.

Ante este incumplimiento, Ecologistas requirió hasta en cuatro ocasiones entre 2018 y este 2020 (la última petición data del pasado 20 de abril) para que se ejecutase la ejecución forzosa de la demolición por parte del Ayuntamiento, así como se impusieran las multas coercitivas correspondientes mientras los propietarios no actuasen.

Para la entidad conservacionista, esta “falta de actuación” vulnera “de forma notoria y manifiesta” el ordenamiento jurídico urbanístico a cuyo cumplimiento están obligados los empleados de la Delegación de Urbanismo”. “Sus actuaciones suponen por omisión un grave daño para la defensa del frágil y deteriorado ecosistema del río Guadalete a su paso por la zona de La Cartuja”, añade en el escrito.

En la misma denuncia, se le reprocha al Ayuntamiento que se haya negado "de forma reiterada” que la entidad accediese a los expedientes abiertos contra estas construcciones.

Mientras tanto, la Delegación de Urbanismo niega la falta de actuación y asegura que ya ha impuesto tres multas coercitivas al propietario por incumplimiento de la orden de derribo. Ahora bien, explica que que el procedimiento disciplinario establece que el Ayuntamiento no puede proceder a la demolición por su cuenta hasta no imponer la duodécima multa.