A lo largo del segundo trimestre del pasado año, los afectados por el ERE ejecutado en el Ayuntamiento en 2012 recibieron las sentencias de los Juzgados de lo Social de la ciudad. Algunos vieron que sus despidos se declaraban procedentes (concretamente aquellos que tenían más de 59 años); otros fueron catalogados como improcedentes (unos 120) y muy pocos fueron considerados nulos. Eso sí, la práctica totalidad de los fallos fue recurrida ante el TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía).

Sin embargo, no todos se encuentran en la misma situación procesal a día de hoy. Entre los meses de abril y mayo el Alto Tribunal Andaluz ratificó la procedencia de los que fueron incluidos en el ERE bajo el criterio objetivo de la edad. Mientras tanto, la próxima semana comenzará a analizarse los casos catalogados como improcedentes pero en este grupo hay quienes recurrieron reclamando que su inclusión en el ERE fuera declarada nula y hay quienes no lo hicieron, aunque en estos últimos casos lo acabó haciendo el Ayuntamiento solicitando la procedencia del despido.

Esta diferencia es la clave para entender que aún no se haya aprobado en el pleno los acuerdos que se elevarán al TSJA para que los analice, apruebe y, de este modo, se den por finalizado los recursos para que se haga efectiva la reincorporación. El gobierno local insiste en esta división que no comparten ni la plataforma de afectados ni algunos partidos.

Ante esto, la alcaldesa lanzó ayer un reproche a algunos de los abogados que han llevado esta causa, a los que señaló de haber motivado esta diferenciación. "Llevamos un año trabajando en este tema para que en el último momento no se pueda hacer porque haya abogados que en un momento dado no asesoraron bien a sus clientes y ahora se atreven a firmar un informe", advirtió.

Precisamente, una horas antes de que la regidora hiciese ese comentario, uno de los letrados que está defendiendo a un grupo de despedidos explicó los motivos por los que en su momento decidieron no recurrir, una afirmación que hizo en presencia de otros compañeros suyos que también siguieron esta misma línea. En este sentido, Antonio Ortega señaló que formaba parta de la "táctica" que se consideró idónea una vez se supo que el Ayuntamiento pensaba recurrir. En este sentido, argumentó que se hizo por "economicidad" para sus clientes por las dificultades económicas que atravesaban.

Ademas hizo mención de que en el Juzgado de lo Social les advirtieron de que una petición de nulidad del despido no prosperaría ya que el Tribunal Supremo descartó esta posibilidad cuando analizó el despido colectivo -era ya "cosa juzgada", dijo-, de ahí que se optaran por otras vías de defensa. No obstante, insistió en rechazar que haya una división jurídica entre los que recurrieron y los que no porque, entre otros motivos, los fallos no son firmes. "Todos tienen derecho a optar a un acuerdo transaccional", advirtió Ortega.