El sindicato CSIF está estudiando denunciar al gobierno local por mantener externalizado el servicio de asesoría jurídica municipal. La central sindical entiende que no está justificada esta contratación ya que asegura que el Ayuntamiento cuenta con personal suficiente para desempeñar esta prestación. Actualmente, está en proceso de licitación las tareas de defensa y representación judicial así como la asistencia jurídica en materia de gestión de recursos humanos para los dos próximos años.

El colectivo cuestiona que, por tercera vez en el año, se vaya a encomendar esta tarea a un despacho de abogados. De hecho, avanza que esta decisión está siendo estudiada por su gabinete jurídico ya que "podría tratarse de un caso de malversación de dinero público", según se apunta desde CSIF.

Ahora está en licitación la prestación de la asesoría jurídica durante los próximos dos años

La primera de las contrataciones para llevar la asesoría jurídica de manera externa se produjo en el mes de febrero donde se optó por los servicios del despacho sevillano Martínez Escribano Abogados y Economistas SLU por un importe de 22.000 euros para reforzar la asesoría jurídica municipal. Esta era la segunda ocasión que se recurría a este bufete ya que fue el mismo al que se le encomendó meses antes un informe sobre la viabilidad jurídica de la readmisión de parte de los afectados por el ERE (Expediente de Regulación de Empleo) aplicado en el ayuntamiento en 2012, un análisis que no llegó a ser concluyente. Asimismo, en agosto de este año se volvió a contratar al mismo despacho para mantener el refuerzo en las labores jurídicas hasta final de año por un importe de 30.000 euros.

Ahora, y tal y como avanzó este periódico hace un mes, el gobierno ha iniciado el proceso de licitación para la contratación de estos servicios jurídicos -precisamente, el plazo de presentación de ofertas finaliza hoy- por un periodo de dos años y con un coste estimado que rondará los 300.000 euros. Al igual que la vez anterior, se han sacado a concurso dos lotes; la defensa y representación judicial del Ayuntamiento por un lado y la asistencia en materia de recursos humanos, por otro. En el anterior proceso de contratación el mismo bufete, el de Martínez Escribano, fue el adjudicatario de ambas prestaciones.

Desde CSIF se señala que "no se entiende como el Ayuntamiento, disponiendo de letrados suficientes, que actualmente no tienen contenido por haberse visto desplazados del gabinete jurídico municipal, gasta mas de 200.000 euros en contratar un despacho de abogados externo". "Ponemos en duda la legalidad de contratar un servicio que el Ayuntamiento es capaz de dar con recursos propios, consideramos que es algo totalmente innecesario", agrega.

Es más, esta central advierte de que el coste de la contratación para el Ayuntamiento "es mas del que parece, pues los sueldos de los letrados municipales sin trabajo se estima que podrían ascender a unos 225.000 euros", así que considera "un verdadero despropósito", más si cabe por la, "grave la situación económica municipal" pues se tiene en plantilla a "letrados sin ejercer que nos cuestan unos 225.000 euros a los jerezanos y encima gastarse mas de 200.000 euros en un despacho de abogados externo".

El sindicato concluye señalando que espera la respuesta de sus abogados sobre este asunto "para actuar en consecuencia" y se manifiesta "dispuesto a tomar las medidas legales que haya lugar en caso de que se considere que podría tratase de una malversación".