Fin a las diligencias en el Supremo

La Fiscalía decide no recurrir el archivo de la causa contra Pelayo

  • Da por bueno el auto del Tribunal Supremo que determinó que no apreciaba responsabilidad penal por parte de la ex alcaldesa en los contratos del Ayuntamiento con empresas de la Gürtel.

Finalmente, la Fiscalía no recurrirá el archivo por parte del Tribunal Supremo de la causa contra la ex alcaldesa María José García-Pelayo por los contratos que realizó el Ayuntamiento con empresas de la trama Gürtel para la edición de Fitur de 2004. La decisión fue anunciada ayer por el ministerio público que ha dado por bueno el razonamiento realizado por el Alto Tribunal en el auto que se conoció el pasado día 29 donde se decretaba el sobreseimiento provisional de las diligencias.

En él, el magistrado instructor de la causa, Antonio del Moral, comunicaba la decisión al entender que no había indicios de que la anterior regidora tuviera algún tipo de responsabilidad penal en las adjudicaciones. No obstante, el Alto Tribunal insistía en las irregularidades existentes en el proceso de contratación de los eventos que sirvieron para que Jerez se promocionara en Madrid durante la Feria Internacional de Turismo de ese año -no solo se montó el habitual estand en el recinto ferial Juan Carlos I sino que también se realizó una exhibición ecuestre en la Plaza Mayor y un espectáculo de flamenco en el Parque del Retiro-.

El Alto Tribunal determinó que era "creíble" el "desconocimiento" esgrimido por García-Pelayo de unos contratos que se calificaron como una "trastienda de la que emana un fuerte aroma a irregularidades, tráfico de influencias o decisiones opacas" sobre estos contratos. Tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las partes personadas tenían cinco días para recurrir y lo que ha hecho ahora la Fiscalía es declinar esta opción. Tampoco ha podido ejercerla la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) que ni siquiera ha podido personarse en la causa ya que no formalizó la fianza de 3.000 euros que fijó el Supremo para que pudiera ejercer la acusación popular -la entidad recurrió la cuantía pero aún no ha recibido respuesta a su petición-.

Se da la circunstancia de que el pasado 27 de abril la Fiscalía se opuso a la petición de sobreseimiento que había realizado el abogado de María José García-Pelayo, Juan Pedro Cosano, al entender que aún subsistían "los indicios que determinaron la incoación" de estas diligencias. No en vano, previamente había considerado que los hechos revestían "indiciariamente" no solo un delito continuado de prevaricación, tal y como sostiene el juez instructor de las diligencias que se han seguido en la Audiencia Nacional por estos mismos contratos, José de la Mata, sino también el de falsificación en documento oficial. Sin embargo, y tras estudiar el auto del Supremo, ha decidido no presentar el recurso de reforma.

Tras conocerse esta decisión, el abogado de María José García-Pelayo insistió ayer en que el auto puede considerarse que ya es firme puesto que este recoge que las posibles irregularidades por las adjudicaciones están prescritas.

Mientras tanto, en la Audiencia Nacional continúa la causa por estas mismas contrataciones donde están encausados los responsables y algunos trabajadores de las firmas adjudicatarias así como varios técnicos del Ayuntamiento jerezano. La prescripción a la que hace referencia el Supremo será utilizada por las defensas para evitar in extremis el desarrollo de la vista oral -el juicio aún no tiene fecha pero se baraja que pueda celebrarse en el último trimestre del año-.

Las adjudicaciones se realizaron en 2004 cuando el Ayuntamiento contrató a tres empresas (dos de ellas con vinculaciones con empresas de la trama que dirigía Francisco Correa) para la promoción de la ciudad en Fitur. Las diligencias relacionadas con el Consistorio jerezano emanaron de una denuncia presentada por la ex alcaldesa Pilar Sánchez ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Tras un archivo inicial de esta sala, las diligencias fueron asumidas por la Audiencia Nacional que, tras señalar a la anterior regidora, decidió elevar la causa al Tribunal Supremo dada su condición de aforada como representante en Cortes (durante las dos últimas legislaturas ha sido senadora, primero, y diputada, después). Sin embargo, y tras llamar a declarar tanto a ella como a otros testigos -entre ellos al ex edil Bernardo Villar, que estaba al frente de la delegación que tramitó las adjudicaciones y que fue señalado por el Alto Tribunal en el auto de sobreseimiento- decidió decretar el archivo de la causa. Entre otros razonamientos, el Alto Tribunal indicaba que no se le podía imputar a la alcaldesa que "no verificó personal y detalladamente" los expedientes administrativos que sustentaron estas adjudicaciones, especialmente si tenían informes positivos.

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