El PP ha aprobado hoy en solitario la cancelación de una operación de crédito por valor de 14,5 millones que la empresa municipal de la Vivienda, Emuvijesa, había solicitado para la construcción de 144 VPO que, entre otros pagos, permitirá hacer frente a la paga extra a la plantilla municipal.

La propuesta del partido de María José García-Pelayo sólo ha contado con el voto favorable de la concejal no adscrita del Ayuntamiento, Carmen Nieves, tras abandonar las filas de Foro Ciudadano, mientras que el resto de partidos de la oposición (PSOE, IU y Foro Ciudadano) no han respaldado al gobierno municipal.

Según ha indicado el primer teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, Antonio Saldaña, la medida permitirá al Ayuntamiento jerezano reducir el riesgo de endeudamiento para realizar operaciones de tesorería, así como hacer frente a la paga extra a los trabajadores municipales, entre otras actuaciones.

Respecto al proyecto de construcción de las viviendas protegidas, ha dejado claro que los inmuebles se construirán pero el régimen será de alquiler con opción a compra en respuesta a la «demanda de la gente».

En un comunicado, el grupo socialista ha mostrado su «total rechazo» a la operación de crédito y ha acusado a los populares de «intentar ocultar al Pleno el claro carácter finalista» este crédito.

En este sentido, han asegurado que Saldaña «en ningún momento» ha aclarado que la modificación de la operación tenga por objetivo la posibilidad de negociar con una entidad bancaria una operación destinada al pago de la nómina de la plantilla municipal.

Asimismo, han lamentado la «delicada» situación en la que el gobierno municipal ha dejado a Emuvijesa tras recordar que hace un mes la empresa municipal de la vivienda ya fue objeto de una operación «similar» para pagar la nómina con un adelanto de 1,5 millones de euros en concepto de IBI por parte de Emuvijesa.

Para el PSOE, este tipo de operaciones no son más que una «patada hacia adelante» para dar salida a un problema puntual que, en su opinión, requiere «soluciones globales» y que no se puede resolver «en ningún caso a costa de sacrificar el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna».