Psoe y PP volvieron ayer a enfrentarse por sus respectivas gestión en materia de recursos humanos en el Ayuntamiento. Todo comenzó a media mañana cuando el gobierno socialista dio a conocer una sentencia, fechada el pasado 28 de junio, que respalda la decisión de cesar a la jefa de protocolo que había nombrado años durante el mandato anterior la ex alcaldesa María José García-Pelayo. Horas más tarde, el PP mostró un fallo judicial, que data de finales de marzo, donde se condena al Ayuntamiento a indemnizar a un trabajador municipal que en los años de gobierno del PP había ocupado la jefatura de gestión interna de Medio Ambiente y que fue cesado de esta responsabilidad en los primeros meses de la actual regidora, Mamen Sánchez, al frente del Ayuntamiento.

La controversia radica en una de las primeras decisiones adoptadas por el gobierno socialista cuando arribó al Ayuntamiento en el verano de 2015. En varias juntas de gobierno celebradas entre junio y agosto cesó a buena parte de los técnicos que habían sido nombrados para diferentes puestos directivos mediante comisión de servicios por sus predecesores populares. Algunos de ellos recurrieron judicialmente esta decisión y ahora se empiezan a conocer algunos pronunciamientos judiciales por lo que, según sea el pronunciamiento, PSOE y PP lo dan a conocer para dar argumentos a sus tesis.

Así, ayer el gobierno local mostró una sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 1 de la ciudad que respalda el cese de la empleada que ocupó la jefatura de protocolo al considerar que ya se habían sobrepasado el año y la correspondiente prórroga de otro año más para la cobertura de esta plaza mediante este sistema. No en vano, señala que hubo una ilegalidad cuando se acordó un nuevo nombramiento para este mismo puesto para otros dos años por lo que respalda la decisión adoptada por el Ayuntamiento. En el fallo se apunta que "no existen datos" que muestran que el cese pudo deberse a la "adscripción ideológica o religiosa" de la demandante.

En cambio, hubo otro afectado que, en lugar de recurrir a la vía contenciosa, fue a la social. En este caso el Juzgado de lo Social número 1 le da la razón porque su cese se produjo cuando aún no había acabado la prórroga de un año que había aprobado el ejecutivo del PP. Para este juzgado, no se apuntaron las causas objetivas de su cese -entiende que para ello debe justificarse esta decisión puesto que este no es un puesto de confianza-por lo que considera que el afectado debe ser indemnizado económicamente por ello.

Pero en este caso mostrado ayer por el PP, a este trabajador se le debe indemnizar también por no poder volver a su puesto de trabajo originario ya que esta plaza se eliminó del organigrama de la plantilla y se le asignó otra con una retribución menor. Ambos fallos, eso sí, son recurribles en instancias judiciales superiores. El fallo considera que en su cese no intervino

No obstante, PSOE y PP se refugiaron en sus respectivas sentencias par defender su gestión y, de paso, atacar al contrario. La edil de Recursos Humanos, Laura Álvarez, dijo: "Esta sentencia viene a avalar que estamos haciendo las cosas bien, de acuerdo con las leyes y, además, refrenda lo que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno municipal: una desastrosa y arbitraria gestión de los recursos humanos llevada a cabo por el PP, que en muchas de sus actuaciones, como la que reprueba esta sentencia, lo que pretendía era dar una apariencia de legalidad a sus actos burlando las normas". Horas después, el PP lanzó un comunicado donde señalaba: "La sentencia del Juzgado de lo Social confirma la discriminación política del PSOE y Mamen Sánchez con el personal del Ayuntamiento de Jerez y demuestra la falta de transparencia de los socialistas en su ataque a los trabajadores tras haber ocultado durante tres meses esta sentencia".