Izquierda Unida Jerez considera que "los efectos de la crisis en la economía de las familias, las reiteradas subidas del precio de la energía y ausencia de una óptima cultura energética pueden haber disparado los índices de pobreza energética en la ciudad". Por estos motivos, ha anunciado que presentará una proposición al próximo pleno con objeto de que el Ayuntamiento de Jerez elabore un pormenorizado diagnóstico de la situación y un posterior plan que garantice el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar. No en vano, a juicio de Izquierda Unida, "es necesario un profundo estudio que permita evaluar la situación con el máximo detalle, establezca la relación entre la realidad socio-económica de las familias, la cultura energética de las mismas y las carencias en materia de energía". Además, afirman que hace falta "un mapeo que permita identificar aquellas zonas de la ciudad con índices de pobreza energética más elevados".

La intención de IU es utilizar ese estudio como base de un futuro Plan Municipal contra la Pobreza Energética, que "debe ir mucho más allá de la actual respuesta de carácter asistencialista y profundizar en soluciones reales para corregir los problemas detectados". Según la concejala de IU en Jerez, Ana Fernández, "no se trata de pagar las facturas de aquellas familias que tienen problemas para pagar la luz, se trata de que nuestro Ayuntamiento debe contar con una radiografía precisa de la pobreza energética en Jerez y dar los pasos oportunos para establecer un mecanismo que tenga por objeto prevenir y/o corregir las situaciones detectadas así como garantizar el derecho a los suministros básicos de luz y gas de todos los jerezanos".

IU propondrá, igualmente, exigir al Gobierno de España "un cambio del marco legislativo para que la electricidad, su producción, distribución y comercialización estén al servicio de la ciudadanía y posean un carácter social, con objeto de prevenir la pobreza energética". Del mismo modo, IU pretende exigir al Gobierno de España que "garantice la titularidad y gestión públicas de las infraestructuras de distribución eléctrica, que amplíe el bono social a nuevas modalidades y que facilite la puesta en funcionamiento de una nueva tarifa para las instituciones públicas".