Cuatro nuevos imputados prestaron ayer declaración durante casi unas cinco horas ante la juez que instruye el polémico caso de los asesores, la querella que Pacheco interpuso contra la alcaldesa por la presunta contratación irregular desde 2005 de unas 32 personas que han podido suponer un coste para las arcas municipales de más de 7 millones de euros. Si los tres imputados por supuesta contratación ilegal a través del Servicio Jerezano de Inserción Laboral (Serjil), África Becerra -actual delegada de Medio Ambiente-, Rubén Pérez y Dolores Caravaca, se acogieron en su comparecencia a su derecho de no contestar a las preguntas de la acusación particular, el cuarto imputado, el marido de la alcaldesa y ex jefe de gabinete, Juan Carlos Jiménez, no tuvo reparos en contar, a su juicio, "toda la verdad". Sin querer entrar en detalles, por "respeto a la juez y la institución", Jiménez aseguró a su salida, tras más de dos horas de declaración, estar "muy tranquilo", puesto que "he contestado a todas las preguntas que se me han formulado y he venido a demostrar que digo la verdad y, sobre todo, la falsedad de las acusaciones que se me hacen en la demanda". Su abogado, el letrado Esteban Mestre, aseguró a este medio horas más tarde que ha presentado un escrito solicitando a la juez el sobreseimiento y archivo de las acciones contra su representado al "no haber veracidad alguna en las acusaciones".

"Se ha desvanecido, no ha sido capaz de probar ni una sola de las seis líneas que dedica a la acusación contra Juan Carlos Jiménez", expresó el letrado a este medio, advirtiendo, por contra, que el marido de la alcaldesa "sí ha probado que no ha cobrado ni la mitad de lo que se le acusa -unos 3.000 euros en lugar de los más de 6.000 que se le imputan en la querella- y que estaba capacitado para ejercer como jefe de gabinete, pues se ha formado en función pública, y éste además es un puesto que sólo se basa en las demostradas capacidades y confianza de quien lo nombra bajo libre designación".

En la declaración de Jiménez ante la magistrada, rescató el abogado de la acusación, Felipe Meléndez, a preguntas de los periodistas, negó que ser pareja de la alcaldesa hubiese sido algo parejo a su ascenso y aumento de ingresos, pues apuntó ser asesor antes que pareja sentimental. Tras admitir ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 que carecía de título de bachiller cuando ejerció el cargo -ya su abogado se encargó de matizar que no era necesario-, el escolta y ex jefe de gabinete de Alcaldía "ha mantenido que la relación no ha llevado a su nombramiento como asesor de Presidencia, pues él asegura que la relación empieza a finales de verano de 2008, y se mantiene como asesor de presidencia hasta que cesó por dimisión en abril de este año".

En julio de 2008, antes de la fecha que él marca como inicio de la relación, la cúpula regional del PSOE forzó a la alcaldesa a frenar una subida salarial a Juan Carlos Jiménez -que iba a pasar a cobrar de 55.000 a 68.000 euros brutos anuales- tras las presiones de una oposición que puso el grito en el cielo. Pese a todo, Jiménez pudo "extralimitarse", como defiende la acusación, de las simples funciones previstas para el personal eventual de confianza, pues como reconoció la alcaldesa ante la juez en su día, "se encargaba de ver cuál de las peticiones de las delegaciones que le llegaban era conveniente realizar; coordinar todas las actividades de la alcaldesa; supervisar de forma diaria su agenda; funciones de seguridad; auxiliarla en la gestión de eventos como el GP de Motos; dar el visto bueno a la agenda; preparar los informes de los actos relevantes de Alcaldía...".

El abogado de Jiménez defendió que "la alcaldesa le nombra jefe de gabinete por capacidades y confianza demostrada en la gestión cotidiana, con funciones absolutamente normales en estos casos como son gestionar la agenda de la alcaldesa, la coordinación con otros delegados e instituciones...". Igualmente, negó que su cliente no tuviese la suficiente formación para desempeñar el puesto, pues "aunque es cierto que no contaba en ese momento con título de bachiller superior, Juan Carlos Jiménez ha superado tres oposiciones de Administración Local para su acceso a la Policía, y en una de ellas fue el segundo en la comunidad autónoma; en esos temarios se formó en función pública, por lo que tiene acreditados conocimientos para ejercer el cargo". Asimismo, Mestre criticó que el abogado de la acusación "haya confundido" términos, pues por una parte mezcló las certificaciones salariales de Jiménez de un año como si fueran las de seis meses, "por eso salía que cobraba el doble de lo que realmente ha cobrado", y "tampoco ha probado que la relación de Jiménez con la alcaldesa fuese pareja a su nombramiento como escolta y jefe de gabinete". "No ha sabido responder a esta falta de pruebas", apuntó Mestre, "muy satisfecho de cómo ha ido la declaración" y por haber logrado "tirar por tierra" los argumentos del abogado del ex alcalde.

En cuanto a los otros tres imputados, Meléndez desgranó que "se inscriben de alguna manera como demandantes de empleo en el Serjil y, a partir de ahí, el perfil de la convocatoria es exactamente coincidente con el que mantienen ellos, en beneficio propio y en perjuicio de otros candidatos más documentados". Si Caravaca "tenía unas condiciones muy, muy especiales, ya que sólo tenía graduado escolar, y les ha supuesto ingresos cuantiosos y está fija laboral en el Ayuntamiento", Pérez, con otra situación distinta, "optó a un puesto de delineante y también supuso una contratación inmediatamente posterior a la oferta de empleo". Por último, Becerra es contratada "como titular de grado medio frente a otros candidatos con licenciatura superior, e incluso con dos carreras, y ella accede a la oferta el mismo día en que se convocó".

Sobre su caso particular, la actual delegada de Medio Ambiente declaró ante los medios a la salida del Juzgado que "he venido para colaborar con la Justicia y estoy tranquila. Hay un procedimiento abierto y unas diligencias previas y tenemos que esperar a que siga adelante, pero estoy muy tranquila". Sobre el supuesto contrato irregular del que se le acusa, Becerra dijo: "He sido trabajadora municipal y ahora mismo, que quede constancia, no tengo más relación con el Ayuntamiento que la de ser concejala electa y el día que deje de serlo no vuelvo al Ayuntamiento, pues no tengo plaza. He sido de las pocas trabajadoras que ha estado dos años en el Ayuntamiento y ahora está en la calle. He venido a mostrar mi currículo y habría que preguntar a los trabajadores como pueden demostrar su currículo y su forma de entrar. Yo lo he contestado y no hay ningún problema".

En el caso de Pérez, delegado sindical de UGT en el Ayuntamiento, se limitó a reiterar que "esto es un linchamiento ante la cercanía de las elecciones sindicales en el Consistorio" y afirmó: "No soy ningún delincuente".