El consejero de Agricultura, Isaías Pérez Saldaña, anunció ayer que la Junta de Andalucía admitirá a trámite el próximo 5 de febrero el plan de reestructuración de Ebro Puleva, en el que se prevé el cierre de las azucareras de Guadalcacín y La Rinconada (Sevilla), asunto que tuvo oportunidad de abordar con el presidente del grupo agroalimentario, Antonio Hernández Calleja, en una reunión celebrada el jueves por la noche.

"Anoche mismo -la del jueves, para el lector- tuve la oportunidad de trabajar con el presidente de Ebro sobre lo que supone el plan de reestructuración y el 5 de febrero vamos a admitirlo a trámite", explicó el consejero andaluz antes de incorporarse a una jornada sobre producción integrada organizada por Aecovi.

El titular andaluz de Agricultura, que llegó con dos horas de retraso sobre la hora anunciada, tuvo la deferencia de atender primero a los medios de comunicación para explicar que el cierre de Guadalcacín, el primero de los tres anunciados por Ebro -el tercero afecta a la fábrica de Peñafiel, en Valladolid- para ajustar su producción a las exigencias de la reforma de la OCM del azúcar, se producirá en los términos acordados entre la empresa y los sindicatos para garantizar la paz social.

En palabras de Saldaña, "el cierre de Guadalcacín va a ser ajustado a cada uno de los planes que se contemplan: el plan social, por el que todos los trabajadores están en situación de prejubilación o de reubicación y, al mismo tiempo, la reindustrialización, que supone ampliar Guadalete para el refinado, y ahí estarán trabajadores de Guadalcacín la próxima campaña en activo, como lo que será la planta de biodiesel de Jédula, otra de las grandes inversiones como consecuencia del cierre de Guadalcacín".

En este sentido, hay que recordar que Azucarera Ebro y el comité de empresa de Guadalcacín tienen apalabrado la prejubilación o traslado del centenar de trabajadores fijos de esta fábrica a los otros centros de producción en la provincia, la azucarera del Guadalete y la planta de biodiésel de Jédula, en cuya adaptación y construcción está prevista una inversión total de 66 millones de euros, a los que se sumarán otros 6,6 millones de los silos de almacenamiento de azúcar en el puerto de La Cabezuela.

En el plano social, no obstante, y ante la incertidumbre que rodea al sector remolachero, igualmente afectado por los cierres, el consejero aseguró que la reestructuración va a permitir que "los que se vayan, lo hagan muy bien indeminzados, y que los que se queden, tengan un importante y clarificado futuro", en alusión a los incentivos al abandono de superficie de siembra y las ayuda complementaria para el precio de la remolacha que establece el nuevo reglamento comunitario.

Es más, Saldaña auguró un buen año para los que ya han renunciado a las siembras o están en puertas de hacerlo, toda vez que, señaló, podrán utilizar sus tierras para otros cultivos, y "parece que la cosa no va a ir mal a aquellos que han pedido indemnizaciones por el abandono de remolacha, cuando además, por otra parte, los tiempos que nos acompañan con agua son bastante complejos".

Sobre las dudas que aún existen en torno al reparto final de las indemnizaciones de los fondos de reestructuración comunitarios, el consejero mostró su confianza en que "las organizaciones agrarias alcancen un acuerdo de interés general para que, como dice el reglamento, las indemnizaciones se hagan de forma proporcional a todos. Sería un acuerdo al que nosotros no tendríamos ningún obstáculo que poner".

Ahora bien, añadió Saldaña, "lo que no dejamos de reconocer es que los derechos son de cada una de las industrias que cierran y tienen que ser indemnizados aquellos que ya no pueden llevar su producción a la fábrica con la que tenían contrato", si bien apostilló "pero no es menos cierto que los agricultores han estado entregando en una u otra planta, por lo que estamos intentando alcanzar un acuerdo final que pueda hacer posible que en las plantas de Andalucía de la única empresa que plantea el plan de reestructuración -Azucarera Ebro-, las indemnizaciones se hagan de forma proporcional a cada uno de los agricultores afectados por la OCM".

Por último, el titular andaluz de Agriucltura explicó que "en Andalucía va a quedarse en torno a un 45% de la cuota azucarera, lo que nos va a permitir mantener el sector con un futuro más claro del que teníamos apenas hace unos meses".