El conflicto del PTA entra en vía muerta. Mientras el Ayuntamiento se agarra a la legitimidad del nombramiento del nuevo gerente, Juan Carlos Racero, aprobado por mayoría en el consejo de administración del parque el lunes, la Junta insiste en que cualquier solución pasa por la renuncia del Ayuntamiento a su candidato para designar a cualquiera de los otros finalistas en el proceso de selección.

Puesto que la última palabra de la Junta en este asunto, tal y como recordó ayer el delegado provincial del gobierno andaluz, Fernando López Gil, la tienen los consejeros andaluces de Agricultura y Economía, Luis Planas y Antonio Ávila, se antoja la necesidad urgente de una reunión a tres bandas entre la alcaldesa, María José García-Pelayo, de un lado, y los titulares de ambas carteras, de otro.

La solución se complica y así lo pusieron de manifiesto ayer las partes al dejar claro que ninguna está dispuesta a renunciar un ápice en sus posiciones de salida, a favor del nuevo gerente, la del gobierno local, y en contra, la del Ejecutivo andaluz. A ello se une, además, que el consejero de Agricultura, Luis Planas, está en plena carrera de las primarias del PSOE de Andalucía -en la que es candidato-, por lo que su disponibilidad de tiempo se limita.

Entre tanto, responsables municipales y andaluces se dedican a lanzarse dardos envenenados, como el que ayer lanzó López Gil a la alcaldesa, a la que invitó a "sentarnos las veces que haga falta" y "darnos todos los plazos del mundo" para buscar una solución, pero bajo la premisa de que el nombramiento de Racero es la única discrepancia "insalvable" sobre la gestión del parque para el gobierno andaluz .

En declaraciones a la prensa en el albergue juvenil, el responsable provincial del gobierno andaluz matizó que si la Junta finalmente decide abandonar el consejo de administración, no significa que salga también del accionariado del parque y "tampoco sería una cosa inmediata". Sin embargo, López Gil dejó entrever momentos antes que el PTA podría perder su calificación de espacio tecnológico para convertirse en un polígono industrial más, situación que sólo es posible si la Junta deja de tener participación en el parque.

El responsable de la Junta reiteró "la voluntad de la Junta de llegar a un acuerdo y no seguir con algo que no es bueno para el PTA ni para Jerez". En todo caso, López Gil explicó que si "al final la alcaldesa no nos escuche y no alcanzamos una solución, la Junta tratará por todo lo posible que las empresas que se instalen en el parque, se llame tecnológico o agroindustrial o como quiera que se llame, tengan el máximo de subvenciones posibles, siempre que sea una inversión buena para la provincia y para la generación de empleo". "Buscaremos la forma, el marco de cómo darle subvención para que un problema entre administraciones, que no debería producirse, no afecte a la generación de actividad y empleo. Eso lo tenemos clarísimo y buscaremos cómo salvarlo".

En su turno de réplica, el primer teniente de alcalde, Antonio Saldaña, afinó su puntería en el lanzamiento a diana con un primer dardo destinado a López Gil, al que responsabiliza del bloqueo los dos últimos años del consejo del parque por "intereses políticos" en lo que "parece más un empecinamiento personal" en impedir el relevo en la gerencia "que una posición razonable de la Junta.

"Que en un parque sea tecnológico o no puede estar al antojo de un determinado dirigente político", aseguró Saldaña, quien recordó que "la financiación de los espacios tecnológicos está regulada por la orden de agentes del conocimiento y no puede ser una decisión unilateral ni política quitarle el término tecnológico a un parque. Si se cumplen los requisitos, se está catalogado como parque tecnológico".

El también vicepresidente del consejo de administración del PTA denunció que la Junta lleva dos años sin pagar el dinero que corresponde al parque de la "financiación basal", por lo que no ve justo que se lance el mensaje de que es la que pone el dinero". "Esperemos que esto se calme y la Junta siga estando en el parque", para el que Saldaña admitió que la Administración autonómica "es importante y, aunque no ponga el dinero, entendemos que desde el punto de vista institucional debe estar". En este sentido, el primer teniente de alcalde apostilló que "queremos pensar que el sentido común hará que se reflexione en las altas instancias de las Consejerías competentes para que sigan estando en el PTA".