El delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Manuel Herrera, presentó ayer en Jerez el nuevo decreto-Ley que establece en Andalucía la Renta Mínima de Inserción Social, una medida que en la provincia de Cádiz va a beneficiar cada año a más de 11.500 personas de 4.268 unidades familiares. La jornada tuvo lugar en el centro social La Granja y contó con la presencia de la diputada provincial Isabel Armario, así como de representantes municipales y técnicos de ayuntamientos de Jerez, Costa Noroeste y de la Sierra.

Herrera destacó que la Renta Mínima de Inserción Social "es un paso más de la Junta de Andalucía para avanzar en la atención a las personas más vulnerables"; no obstante, recordó que la mejor arma para luchar contra la pobreza a corto, medio y largo plazo "es el empleo porque, y esto es fundamental que lo tengamos en cuenta, la renta mínima es una garantía de ingresos que se complementa siempre con un plan de inclusión, de un acompañamiento para la inserción laboral y social con el objetivo de que las personas y unidades familiares beneficiarias puedan salir de la situación en la que se encuentran".

En este sentido, subrayó que, además de la ayuda económica y de acuerdo con el decreto-ley, el Servicio Andaluz de Empleo y los servicios sociales comunitarios del municipio donde resida la persona solicitante diseñarán un plan de inclusión sociolaboral personalizado que incluirá las actuaciones y medidas que se deberán desarrollar. Este documento, que deberá elaborarse en el plazo de un mes a partir de la concesión, deberá incorporar la perspectiva de género mediante la inclusión expresa de acciones para avanzar en la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres.

Herrera explicó además que el decreto-ley prevé la posibilidad de suspender de forma temporal la percepción de la renta mínima en el supuesto de que se suscriba un contrato de trabajo con una duración entre uno y seis meses. Otra de las novedades es la unificación de los criterios de situación de urgencia o emergencia social, cuyo procedimiento se acordará o desestimará en el plazo máximo de 5 días hábiles desde la entrada del expediente en la delegación territorial que corresponda. En caso de denegación, se seguirá el procedimiento ordinario.

Por otro lado, recalcó que la Renta Mínima, recogida en el Estatuto de Autonomía como derecho social, se ha incorporado como prestación garantizada en el Catálogo de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía. Consiste en una aportación de entre 419,52 y 779,87 euros mensuales por 12 meses prorrogables por periodos de seis si persisten las circunstancias (frente a los seis del actual IMS). Los nuevos colectivos incluidos son las personas inmigrantes y las mayores de 65 años con menores a su cargo, y las de edades comprendidas entre los 16 y 24 años siempre que concurran circunstancias excepcionales".