El delegado municipal de Presidencia, Casto Sánchez, informó ayer al Grupo Municipal del PP de las previsiones del Gobierno local en relación a la Ley de Municipios de Gran Población, a la que Jerez se acogerá a partir de que entre en vigor el próximo día 24 del presente mes. A la reunión, solicitada por el PP, acudieron su portavoz, María José García-Pelayo, y la concejal Lidia Menacho, además de la coordinadora general de Presidencia, Mila Pérez.

Respecto al calendario previsto, el gobierno local informó de que convocará un pleno extraordinario posiblemente en febrero para reiterar la solicitud ya cursada ante el Parlamento andaluz de acogerse a la Ley de Municipios de Gran Población. Éste es uno de los requisitos que contempla la normativa autonómica, publicada en el BOJA el pasado 24 de diciembre, ya que, la anterior solicitud del pleno municipal se formuló con arreglo a la Ley estatal, única que existía en ese momento. Tras el mencionado pleno extraordinario, habrá que esperar a que el Parlamento autonómico apruebe el procedimiento de toma de decisión sobre las solicitudes que presenten los ayuntamientos interesados, previsto en la Ley pero que aún no ha sido elaborado. Una vez superado este trámite, el gobierno local impulsará la modificación del Reglamento Orgánico Municipal (ROM), para adaptarlo al nuevo marco legal. Una reforma, muy demandada por la oposición, que descansará sobre dos ejes: la elaboración de un reglamento propio del funcionamiento del pleno y las comisiones, y por otro lado un reglamento del gobierno local y la Administración municipal. De esta forma "se refuerza aún más la separación de poderes y funciones de los dos ámbitos (normativo y de control, por un lado, y ejecutivo por otro), en coherencia con el espíritu mismo de la Ley de Municipios de Gran Población". El "tercer gran hito" del proceso, tal como señalaron desde el Ayuntamiento, será la constitución oficial de los distritos y las consiguientes juntas de distrito.

Finalmente, el delegado de Presidencia informó al PP de la voluntad del gobierno local de mantener la figura del Defensor de la Ciudadanía, aún cuando la Ley de Municipios de Gran Población contempla la creación de la denominada Comisión Municipal de Quejas, cuya principal competencia es analizar y valorar las quejas y reclamaciones que presenten los ciudadanos en relación al funcionamiento de la Administración local. El objetivo, en este caso, será "establecer fórmulas que hagan compatibles ambos organismos".