La magistrada Ana María Orellana Cano ha sido elegida por el pleno de numerarios de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, académica de número de la Medalla 42 de la Corporación.

Natural de Jerez, Ana María Orellana es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, habiendo obtenido la máxima calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad con la tesis doctoral sobre 'La problemática laboral en el concurso de acreedores'.

Magistrada por oposición, obtuvo el número 1 de la segunda promoción de las oposiciones restringidas de Magistrados Especialistas del orden jurisdiccional social, ostentando actualmente el número 2 del escalafón nacional. Cuenta con más de 30 años en la carrera judicial y más de 28 años en la jurisdicción social. Desde el año 1994 presta sus servicios profesionales en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla.

Fue número 1 de su promoción en la Carrera de Derecho en la Facultad de Jerez de la Universidad de Cádiz, obteniendo el mejor expediente académico en la promoción 1980/1985. Obtuvo asimismo la máxima nota de España en el Examen de Selectividad, en la rama de Ciencias Puras.

Ana María Orellana es analista del Centro de Documentación Judicial desde 2009, habiendo analizado más de tres mil sentencias de la doctrina judicial sentada por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, Galicia, Extremadura y las tres Salas de Andalucía (Sevilla, Granada y Málaga).

Su labor docente comenzó en 1990, compatibilizando, durante quince años, la carrera judicial y las funciones docentes en la Universidad de Cádiz.

Es autora de casi un centenar de publicaciones jurídicas, ha dirigido y coordinado más de una veintena de cursos y seminarios organizados por el Consejo General del Poder Judicial, siendo ponente habitual en esta Institución; ha sido profesora de 46 Masters; ha impartido más de trescientas conferencias y ha recibido más de doscientos cursos de formación.

Está en posesión, entre otras distinciones, de la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort al mérito judicial, concedida por el Ministerio de Justicia; del Premio Nacional a la Mejor Laboralista del año 2009, otorgado por la Asociación Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; y del Premio Wellington de Investigación Jurídica, concedido por el Consejo General del Poder Judicial en el año 2008.

Los académicos de número Mendizábal Allende, Sagardoy Bengoechea y Calvo Ortega presentaron su candidatura.