El gobierno local, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emuvijesa), pondrá en marcha a partir de enero de 2012 una Unidad de Inspección de Vivienda Protegida en Alquiler con el que pretende "garantizar un uso adecuado del parque público de viviendas en régimen de alquiler". Así lo anunció ayer el edil de Urbanismo y portavoz municipal, Antonio Saldaña, señalando que esta unidad de inspección comenzará a funcionar de manera paralela a un reglamento específico para establecer la adjudicación a familias que se encuentren en riesgo de emergencia social, y que será coordinado por la delegación de Bienestar Social. En palabras del delegado popular, la creación de este servicio de inspección se justifica en la importante demanda de viviendas protegidas en alquiler existente en Jerez y "en la oferta insuficiente de este tipo de viviendas, lo cual origina una demanda no atendida y una insatisfacción social, que a su vez, han generado aumento de denuncias por viviendas vacías y en ocupaciones ilegales".

En consecuencia, la propuesta del PP persigue "garantizar que las viviendas del parque público se destinen a vivienda habitual y evitar su uso indebido". Incluso, Saldaña recordó que, según el Reglamento de Viviendas Protegidas en Andalucía, "el destino y ocupación de vivienda protegida debe de ser residencia habitual y permanente y que no esté desocupada más de tres meses consecutivos".

En concreto, los objetivos específicos del nuevo servicio son "realizar inspecciones in situ de las 1.561 viviendas públicas en régimen de alquiler que existen en Jerez; velar para que los adjudicatarios de las mismas cumplan los requisitos de adjudicación y utilización; detectar posibles irregularidades cometidas en la utilización de las viviendas y los incumplimientos contractuales de la adjudicación; poner en marcha acciones para recuperar la vivienda mal utilizada; y aplicar el reglamento para que la adjudicación se lleve a cabo conforme a los requisitos exigidos en la normativa vigente". En cuanto a la metodología de trabajo, la Unidad de Inspección realizará con carácter general una primera visita a todas las viviendas así como revisiones de oficio de dos visitas anuales a todas las promociones con idea de obtener información para valorar el estado actual de las mismas, según avanzó el edil.

Asimismo, se llevarán a cabo actuaciones de inspección y control "específicas" para evitar posibles casos de desocupación, tales como la evaluación de los consumos de agua potable; la utilización habitual de otros domicilios para el envío de notificaciones y comunicaciones; las declaraciones de policía y técnicos de la Unidad de Inspección; las declaraciones o denuncias de otros vecinos; las comprobaciones del padrón municipal; la negativa injustificada del arrendatario a facilitar las inspecciones y comprobaciones pertinentes; o la falta de pago de mensualidades. De este modo, el gobierno local intentará impedir el fraude en el uso de esas viviendas, impidiendo que pasen de unos titulares a otros de manera ilegal.

Por su parte, la delegación municipal de Bienestar Social pondrá en marcha el reglamento para establecer la adjudicación de viviendas a familias en riesgo de exclusión social, pudiendo utilizar los recursos de viviendas que puedan detectarse como consecuencia de las inspecciones realizadas.