Tras renunciar a 70.000 metros cuadrados para su proyecto y hacerse público los impagos a la constructora jerezana que se ha hecho cargo de su nave industrial, así como los recelos de la Junta de Andalucía a la hora de tramitar ante el Estado las subvenciones a las que se acogió por el plan de reindustrialización, el gobierno municipal estudia seriamente revisar las ayudas municipales al proyecto de Zahav Auto Industry SL en la ciudad. De hecho, según confirmó ayer mismo a este periódico, el delegado de Urbanismo y portavoz del gobierno local, Antonio Saldaña, hasta el momento no se ha llegado a aprobar la declaración de interés público de actividades económicas para la implantación de la factoría de ensamblaje de la compañía británica nacida de capital chino e iraní, como así se lo confirmó al nuevo gobierno municipal del PP la anterior alcaldesa durante el traspaso de poderes. "Y no se aprobará dicha declaración hasta no tener plena y total seguridad de que los objetivos del proyecto están totalmente garantizados", sostiene Saldaña.

"Estamos expectantes tras las últimas informaciones aparecidas y queremos dejar claro que vamos a velar por el estricto cumplimiento de los compromisos adquiridos en torno al proyecto y su buen desarrollo; estamos pendientes de que Zahav cumpla con sus obligaciones y recordamos que la declaración de interés público aún está por aprobar", expone claramente el también primer teniente de alcalde.

A pesar de lo anterior, la compañía sí se ha beneficiado durante más de un año y medio de ciertas ventajas que contempla esa declaración o que fueron aplicadas directamente por el anterior equipo de gobierno, como el hecho de que aún no haya tenido que abonar un solo euro por el alquiler del suelo -hasta hace unas semanas 120.000 metros cuadrados- en virtud de un acuerdo que le otorgaba dos años de carencia en el arrendamiento, plazo que expira poco después de primeros del año que viene, y unas condiciones de alquiler con opción a compra durante los diez primeros años muy ventajosas. No en vano, el alquiler al Consistorio de los 120.000 metros quedaba reducido para la firma en unos 3.000 euros al mes a partir del segundo año y, llegado el caso, Zahav podía adquirir los terrenos a 45 euros el metro, hasta un 50% por debajo del valor de mercado.

Según ha podido saber este medio, ni siquiera Zahav habría pagado al Ayuntamiento los alrededor de 6.000 euros de fianza y depósito por la cesión de la parcela de la Ciudad del Transporte, lo que no es más que otra muestra de la dudosa solvencia de una firma con domicilio social en Marbella y que inicialmente estaba registrada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) como Madara Propiedades SL.

Pese a que no cuenta con declaración de interés público, o ésta tiene vicios de nulidad -como en alguna ocasión ha expuesto el líder del Foro, Pedro Pacheco-, el contrato de compraventa que sellaron Pilar Sánchez y el presidente de Zahav, Raad Fadhil Shakir Al-Zahawi, el 15 de enero de 2010 sí recogía las estipulaciones al amparo de esa declaración que, entre otras cosas, rebajaba, como se ha dicho, el precio del suelo a la compañía de automoción en un 50%, el máximo posible que prevén estas ayudas, ya que teóricamente su inversión iba a ser superior a los 20 millones de euros e iba a crear más de 300 puestos de trabajo directos. Por el contrario, en las previsiones de Zahav para la primera fase del proyecto, que quedaron patentes en el estudio de impacto ambiental presentado ante la Junta, el objetivo apenas era llegar a 26 empleos directos en una primera fase. Del mismo modo, pese a que los responsables de la inversión han asegurado que la planta supondrá un desembolso inicial de 23 millones y que funcionará a primeros del año próximo, el hecho de que no hayan cumplido con los 2,4 millones que adeudan al constructor de la nave y que aún no hayan comenzado a acondicionar el interior de la misma, no han hecho más que seguir arrojando dudas sobre un proyecto rodeado de incertidumbre desde sus orígenes.

El pasado sábado este medio publicaba las dudas de la Agencia IDEA (dependiente de la Junta) en relación con que el proyecto salga adelante y Zahav "nos deje colgados 3,5 millones" en ayudas públicas. Sobre este particular, Saldaña recordó que el Gobierno andaluz "tiene la obligación de revisar y vigilar el destino de las ayudas; y estos recelos deben estar fundamentados en datos objetivos no en opiniones, puesto que son fondos públicos". A partir de ahora, el gobierno local del PP planea revisar las ayudas a Zahav desde el Ayuntamiento y, de no cumplirse los compromisos, "pediremos incluso responsabilidades por el tiempo que se han estado beneficiando de las ayudas para esos suelos".