La Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social, a cuyo frente figura el delegado Ángel Acuña, mostró ayer su "extrañeza" por lo que el Ayuntamiento de Jerez considera "declaración de intenciones" de la Junta de Andalucía, una Administración que en 2012 "empleó cerca de 7,5 millones de euros en materia del ingreso mínimo de solidaridad, conocido como salario social, mientras que para este año ha comprometido más de 9 millones de euros para evitar que ciertas familias estén en riesgo de exclusión social".

Por regla general, aproximadamente un 25% de los beneficiarios del salario social son familias de Jerez y su área de influencia, según la Junta. En este sentido, la Delegación asegura que está haciendo "un continuo esfuerzo para poner al día los expedientes de esta renta básica mensual integrada en el Programa de Solidaridad con los Andaluces de la Junta, que persigue paliar situaciones de marginalidad y desigualdad".

A esto se añade "un montante de 44 millones de euros del decreto de exclusión social; todo ello son recursos, no 'intenciones', que también el Ayuntamiento jerezano podría aportar en cantidades similares. De no ser posible, podría tener, al menos, la decencia de no criticar a la Administración que hace el esfuerzo por velar por el bienestar de la ciudadanía pese a las dificultades económicas actuales", denuncia la Junta en un comunicado.

La nota de prensa añade que "tiene razón la concejal Isabel Paredes al afirmar que Andalucía está a años luz de otras comunidades autónomas, ya que, en efecto, nuestra región está por delante de aquellas que gobierna su partido y que están experimentando un retroceso de décadas en materia social".

El PSOE-Jerez también replicó ayer lo dicho por Isabel Paredes y recordó "los retrasos que están sufriendo casi mil familias de la ciudad en el pago de las ayudas sociales por parte del Ayuntamiento, una situación que se está agravando cada mes y que no se puede achacar en ningún caso a la Junta de Andalucía".

"El deber del Ayuntamiento -recuerda el PSOE- es atender las necesidades sociales de los ciudadanos y en este caso el Gobierno del PP está haciendo dejación de funciones, ya que las organizaciones sociales están supliendo el papel que le compete a la Administración local".