Pese a la negativa en redondo de los técnicos y los informes contrarios de la intervención y la tesorería municipal, el anterior gobierno local del PSOE, dirigido por   Pilar Sánchez, ordenó desde septiembre del año pasado hasta días antes de abandonar el Consistorio un total de diez salidas de fondos depositados en cuentas restringidas vinculadas al Fondo Estatal de Inversión Local (Plan E) de 2010 y al convenio rubricado para levantar la Ciudad del Flamenco. Unos movimientos que han arrojado (tras cinco reposiciones) un saldo negativo total en dichas cuentas de 7,66 millones de euros. Estos desfases de tesorería se destinaron al pago de diferentes nóminas de la plantilla municipal y al abono de diferentes facturas con proveedores. La información ya está a disposición de la asesoría jurídica municipal para que califique los hechos y, si lo estima oportuno, los ponga en conocimiento de la Justicia para “depurar responsabilidades”. Así lo anunciaron ayer casi al unísono el portavoz del gobierno municipal del PP y el delegado de Economía, Antonio Saldaña y Enrique Espinosa, respectivamente, quienes detallaron  en rueda de prensa las “anomalías”, detectadas en el transcurso de la auditoría interna de las cuentas municipales que ha llevado a cabo el equipo popular nada más aterrizar en el Ayuntamiento, que “agravan”, más si cabe, la situación “extrema” que padecen las arcas locales.

Este dinero “finalista” —que no puede ser empleado en gastos que sean distintos para los que se consignó— deberá ser repuesto   o, de lo contrario, el gobierno municipal se vería obligado a devolver unos 16,5 millones de euros, el equivalente al volumen de ayudas públicas consignadas para catorce inversiones del Plan E de 2010 —proyectos importantes como la nueva jefatura del 092, la Escuela de Idiomas y la rehabilitación de Los Claustros— y para una de las fases de la obra de la Ciudad del Flamenco. Más concretamente, desgranó Espinosa, de los fondos del Plan E 2010 se ha detectado un desfase de tesorería que alcanza los 5,22 millones de euros, mientras que del proyecto de la Ciudad del Flamenco fueron 2,44 millones de euros los que se ordenaron desviar para el pago de nóminas y proveedores. A todo esto, Saldaña quiso recalcar que “nuestro principal objetivo es asegurar y solventar esta situación con la idea de que Jerez no pierda los fondos de financiación de estos programas”. “No entramos en valoraciones judiciales, ponemos los hechos en conocimiento de la asesoría jurídica y de verdad que, aunque es necesario hacerlo, en lo que estamos centrados es en solucionar el problema y que esos fondos no se pierdan”, señaló.

El también primer teniente de alcalde confirmó que contactarán con el Ministerio de Administraciones Públicas para “contar con su ayuda y colaboración para dar solución a este problema”. “Lo primero es que no nos obliguen a devolver el dinero. Todos los proyectos del Plan E tienen que estar justificados y pagados a 31 de diciembre de este año. Imagínense que encima tuviésemos la obligación de devolver los fondos: tendríamos un doble problema. Suponemos que la reacción del Ministerio será positiva y de ayuda”, dijo en su comparecencia pública.

Tras intervenir Saldaña, el edil de Economía aclaró que “todos los datos expuestos han sido facilitados y validados por la tesorería municipal y todos los movimientos de dichas cuentas restringidas fueron ordenados por el anterior gobierno —se supone que bajo la responsabilidad última de la alcaldesa Sánchez— sin contar con informes técnicos favorables y fueron informados con reparos —informe en contra— del interventor y el tesorero”. En cuanto a la actuación inmediata del actual equipo de gobierno dijo que “esta información se traslada a la asesoría jurídica para que se califique y, si fuera oportuno, se ponga a disposición judicial para depurar responsabilidades”. En este punto, Espinosa admitió: “Este hecho añade un elemento más de complejidad a la situación extrema por la que atraviesa nuestra tesorería y será necesario hacer un esfuerzo para tratar de pagar a estos proveedores que han realizado sus trabajos y que contaban con la certeza de cobrar a tiempo con unos fondos garantizados por el Gobierno central”.

En lo que respecta a las dificultades para abonar las certificaciones derivadas de las quince actuaciones afectadas, Espinosa confirmó que “los problemas de pago los tenemos ya”. Aunque, pese a todo, “queremos lanzar un mensaje de tranquilidad a los proveedores, pues haremos lo imposible y con toda la prisa del mundo para que esto no les afecte; tendremos que buscar el dinero con una financiación especial y terminar estos proyectos ya que es mejor hacer un esfuerzo para buscar esos casi 8 millones que devolver 16,5 millones”, aseveró.