Emuvijesa, la empresa municipal de la Vivienda, ha paralizado la orden de desahucio que afectaba a Manuela Granados y su hija Diana, que han estado apostadas durante cerca de un mes a las puertas del Ayuntamiento denunciando su precaria situación económica y la orden de desahucio que pesaba sobre ellas y que se hacía efectiva el próximo día 13 del presente mes. Ahora son las delegaciones de Vivienda y Bienestar Social las que están trabajando de manera conjunta con esta familia con el objetivo de terminar de resolver esta situación.

Como se recordará, Manuela, Diana y una hija de ésta viven en una casa de Emuvijesa en la calle Azorín, si bien deben más de 5.000 euros en concepto de mensualidades atrasadas, lo que motivó el desahucio, aunque parece que se llegó a este extremo por una falta de comunicación de la familia con el Ayuntamiento.

Así, según señala Antonio Fernández Ortega, delegado de Vivienda, existe un protocolo cuando se comprueba que un inquilino deja de pagar sus mensualidades. De esta manera, a los dos meses se envía una carta a la vivienda en cuestión en la que se informa de esta falta de pago. "Normalmente la persona viene, cuenta por qué no puede pagar y se intenta llegar a un acuerdo. Otras veces no viene y se le vuelve a mandar una carta a los seis meses y al año. Cuando pasan dos años, y si vemos que no muestra interés, la oferta que se le hace es que pague el recibo retrasado y el actualizado. El problema es que ellas no se pasaron por aquí para tratar el tema", indica el delegado.

Ahora, la solución que se les ha dado y que han aceptado es que se trasladen a otra vivienda protegida de renta antigua, con el objetivo de que pueda ser asequible a su delicada situación económica.

Así y todo, Antonio Fernández señala que el protocolo que se ha seguido con esta familia "es el mismo para todo el mundo, no quiere decir nada el que se hayan estado concentrando ante el Ayuntamiento", si bien indica que "lo normal es que en su momento hubieran tratado el tema en Emuvijesa".

En cuanto a la deuda que contrajeron, Fernández Ortega afirma que "ahora serán los servicios jurídicos municipales los que estudien el caso".

Por su parte, Diana mostraba ayer su alegría tras ponerse solución al grave problema por el que habían estado pasando. De hecho, ayer recogía en el centro cívico enclavado en la plaza de la Merced un cheque por valor de 150 euros para canjear por alimentos. "Lo hemos estado pasando muy mal, sobre todo por el tema de la comida, pero ya por fin está la cosa solucionada. Según parece sólo vamos a tener que pagar unos 35 ó 40 euros al mes en la casa que nos van a adjudicar", señalaba.