Participación en los Ingresos del Estado El Ayuntamiento recibirá unos 52,6 millones del Estado este año

  • El importe asignado podría ser superior si el Gobierno central logra aprobar unos nuevos Presupuestos Generales

  • Jerez tiene asignado menos importe que otras ciudades más pequeñas por una menor recaudación

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una rueda de prensa. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una rueda de prensa.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una rueda de prensa. / EFE

El Ayuntamiento jerezano recibirá del Estado unos 52,6 millones de euros a lo largo de este 2020 que acaba de comenzar. Este importe corresponde a las transferencias periódicas que realiza el Gobierno central a las entidades locales— la llamada Participación en los Ingresos del Estado (PIE)—, una importante inyección económica para las arcas públicas pues suele suponer en torno al 25% de los ingresos.

Ahora bien, esta cifra no es aún definitiva ya que se está a expensas de que haya o no subida por parte del Gobierno central en el caso de que logre aprobar en los próximos meses los Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio.

La Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece los criterios de reparto de estos fondos que reciben los ayuntamientos en función de la recaudación de determinados impuestos que gestiona el Estado como el IRPF, el IVA o el que se aplica al alcohol y a los hidrocarburos, entre otros. A estos importes se le suma un fondo complementario que, entre otros epígrafes, compensa la pérdida de tributación del IAE (Impuesto de Actividades Económicas) que recibían los ayuntamientos la pasada década y aporta una cuantía en función de la evolución de estos ingresos durante los últimos años. En el caso del Consistorio jerezano, de los 52,6 millones, 45,6 millones corresponden al fondo complementario de financiación y el resto de los importes calculados por los tributos cedidos.

No obstante, y dado que se tiene en cuenta lo que recauda el Estado en cada ciudad para asignar estas cantidades, Jerez recibe menos importe en algunos impuestos que otras ciudades con población menor —hay que tener en cuente que hay un doble sistema de financiación, uno para las ciudades de más de 75.000 habitantes y otro para el resto—. Así, si la ciudad es la vigésimo quinta con más población del país, es la trigésima en la cuantía total asignada de la Participación de los Ingresos del Estado.

Ciudades como Cádiz, Santa Cruz de Tenerife, Leganés, Santa Coloma de Gramanet, Alcalá de Henares, Fuenlabrada o Badalona, por citar algunas, reciben más transferencias del Gobierno central que Jerez. Esto se debe a que los niveles de recaudación por tributos es superior debido a una mayor renta y actividad económica.

A pesar de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aún no ha logrado sacar adelante ningún presupuesto propio por lo que se ha visto a continuar prorrogando el de 2018, el Consejo de Ministros aprobó en octubre del pasado año una actualización de estas transferencias. Por este motivo, el Consistorio jerezano pasó entonces de percibir 50,5 millones a 52,6 millones, un importe que se mantendrá mientras no haya unas nuevas cuentas actualizadas.

Eso sí, desde abril del año pasado, el Ayuntamiento jerezano no sufre retenciones en los importes mensuales que recibe del Estado —unos 4,3 millones—. Entre 2010 y 2013, el Consistorio dejó de percibir la Participación en los Ingresos del Estado por el elevado importe de las deudas que arrastraba con la Tesorería de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Así, tras un acuerdo cerrado en 2014, se liberó parte de estos importes, un porcentaje de retención que ha ido variando y reduciéndose en función de los compromisos cumplidos con el Ministerio de Hacienda para hacer frente a este y otros débitos, como los impagos de devoluciones de préstamos.

Ahora está por ver si el nuevo ejecutivo central afronta a lo largo de esta legislatura el reto de reformar el sistema de financiación de las entidades locales, tal y como lleva reclamando desde hace años, especialmente tras el derrumbe de los ingresos que generaba la actividad urbanística con la crisis del ladrillo de la pasada década. Ahora bien, está por ver si el Gobierno central prioriza esta reforma o apuesta por cerrar la autonómica, también pendiente.

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