Sólo 24 horas después de hacer públicos los catastróficos datos que ha arrojado el análisis interno de las cuentas del Ayuntamiento y su holding de empresas, con una deuda global de 958,7 millones de euros y las vías de ingresos bloqueadas o prácticamente agotadas, la alcaldesa, María José García-Pelayo, compareció ayer en rueda de prensa para anunciar, a la vista de la gravedad de la situación, el inicio de la contratación de una auditoría y consultoría externa, pese a que nada más aterrizar a la Alcaldía desechó esta posibilidad por el coste que supone. Con este encargo, puntualizó la regidora popular, el objetivo es conocer "cómo se ha llegado hasta aquí, sin ánimo de revancha ni de mirar al pasado", pero, a su juicio, "los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se ha gastado su dinero y cómo se ha llegado a la situación en la que nos encontramos". Una coyuntura, suavizó García-Pelayo su discurso, que "se puede solucionar si somos valientes y adoptamos medidas lo antes posible", pero antes de eso, especificó, "tenemos que saber cómo hemos llegado a ser, con diferencia, la ciudad más endeudada de España".

A colación de lo anterior, aseguró que el gobierno municipal ha empezado a trabajar en las medidas de choque "más eficaces" para salir de este agujero económico con la prioridad de hallar "consenso" y "hacer partícipes de las medidas a la oposición y a la plantilla". Todas las propuestas se incluirán en el futuro Plan Económico Financiero del Ayuntamiento. Un documento económico "de todos", dijo la primera edil, que debe estar concluido para su aprobación en el pleno municipal de este mes y que también podrá ser "matizado", dado su carácter abierto, en función de las directrices que marque la futura auditoría-consultoría. Un encargo, puntualizó, que se hará por los cauces legales correspondientes y se adjudicará a la oferta "mejor y más seria" que se presente para amortiguar su coste. En este sentido, también aclaró que, aunque no lo descarta a medio plazo, la idea de solicitar dicha auditoría externa del Ayuntamiento al Tribunal de Cuentas "sería algo testimonial", puesto que todavía se está pendiente de la que se solicitó en un pleno de 2007, justo cuando entró el anterior equipo de gobierno.

Acompañada del portavoz del gobierno local, Antonio Saldaña, y del delegado de Economía, Enrique Espinosa, Pelayo también destapó otro asunto "preocupante" que se ha detectado en el análisis pormenorizado de las cuentas municipales. Y es que según puso de manifiesto, "se han podido producir determinados desfases de tesorería y, en el caso de que se confirmen definitivamente, que parece ser que sí, tomaremos las medidas legales oportunas para exigir las medidas y responsabilidades oportunas, algo a lo que también tienen derecho los ciudadanos". Sin concretar ni especificar exactamente ni las cantidades ni a qué programas o planes afectan dichos supuestos desvíos de fondos finalistas -hay ingresos de programas que llegan a caja única y otros que se reintegran en cuentas restringidas-, la alcaldesa sí deslizó que podrían afectar a obras comprometidas con planes estatales (Plan E) y europeos (Plan Urban del Distrito Sur), lo que ha motivado que el nuevo equipo de gobierno quiera depurar responsabilidades ante la posible gestión irregular de estos fondos por parte del PSOE en el anterior mandato. La propia García-Pelayo reconoció que recientemente el Ministerio de Administraciones Públicas le ha requerido fotografías de proyectos ejecutados con cargo al 'Plan E' 2010 que "no podemos hacer porque sencillamente los proyectos no están en marcha", como es el caso por ejemplo del Museo de Lola Flores en Villapanés.

Aparte de todo esto, también se refirió a la retención durante meses de la anterior legislatura de las cuotas de los trabajadores municipales destinadas al Plan de Pensiones, que levantó "con razón" la polémica entre un personal que incluso trató de denunciar por apropiación indebida al anterior equipo de gobierno socialista. "Creemos que de una vez por todas hay que poner en orden las cuentas del Ayuntamiento y si recibimos una subvención se gasta para lo que la hemos recibido y si no retener la cuota del trabajador supone que tengamos menos liquidez, pues tendremos menos liquidez, pero no incurriremos en posibles causas penales", abundó durante su comparecencia ante los medios en el Consistorio.

En el caso del responsable de Economía, Enrique Espinosa, recalcó que la comisión de cuentas municipal "controlará cualquier gasto, de un euro en adelante, y no es por desconfianza, es que hay que controlar hasta el último céntimo". Por su parte, la alcaldesa insistió en el mensaje de que "vamos a imprimir seriedad desde el primer momento y la austeridad será la norma, por lo que ya hemos solicitado a todos los delegados una relación urgente de los proyectos y necesidades prioritarias, y mantendremos sólo aquellos compromisos sociales y productivos, que generen empleo".