Pelayo rechaza hablar sobre las imputaciones de técnicos municipales en la trama Gürtel

La semana pasada se conocieron las imputaciones de dos técnicos del Ayuntamiento por las adjudicaciones de contratos de Fitur 2004 a empresas de la trama Gürtel. Ayer los periodistas preguntaron a la alcaldesa, María José García-Pelayo, por este asunto y, a pesar de que otras veces ha defendido la legalidad del procedimiento con largas argumentaciones, en esta ocasión fue mucho más escueta: "Ya hemos hecho declaraciones en ese sentido, en relación con ese asunto, no voy a entrar más. Plena confianza en los técnicos y, por supuesto también, en la tramitación del expediente. No voy a entrar más". Así zanjó ayer el tema la regidora, remitiéndose a sus últimas declaraciones realizadas el pasado 12 de marzo cuando destacó que "en ningún informe se vincula a políticos de este Ayuntamiento" y reiteró su "tranquilidad absoluta" respecto a los contratos de Fitur, asegurando que se trataba de "una cuestión puramente administrativa", a pesar de las irregularidades señaladas por Intervención del Estado.

Otro de los asuntos sobre los que se pronunció ayer la alcaldesa fue sobre las demandas individuales por el ERE municipal ya que, hasta el momento, medio centenar de estos despidos han sido declarados improcedentes en los juzgados. Cuestionada sobre si el Ayuntamiento sigue firme en su idea de no readmitir a estos empleados, García-Pelayo subrayó que "si readmitimos a los trabajadores volvemos a la situación anterior. Es decir, ahora mismo se pueden afrontar pagos o se pueden desarrollar programas de empleo porque hemos reducido en un millón de euros la nómina todos los meses. Si readmitimos a los trabajadores, ¿para que hemos hecho un ERE? Por lo tanto, el Ayuntamiento defenderá hasta sus últimas instancias en los tribunales la decisión que tomó". No obstante, aprovechó la ocasión para recordar que, al margen de los juicios individuales, "el ERE del Ayuntamiento de Jerez ha sido de los poquitos, por no decir casi el único, que por parte del Supremo se ha ratificado y se ha constado su legalidad. Había causa más que suficiente y justificada para realizar un ERE y el ERE era legal. Ahora lo que se cuestiona es que si las personas concretas deberían haber sido incorporadas o no a ese ERE, nosotros entendemos que sí y lo vamos a defender hasta sus últimas consecuencias en los tribunales". Sobre lo que supondrá el pago de las indemnizaciones a estos ex trabajadores municipales, la alcaldesa aseguró que "aunque sea duro decirlo porque estamos hablando de personas, cuesta mucho más pagar todos los meses un millón de euros en nóminas. El ahorro en personal ha sido de 28 millones. Evidentemente, ahora tendremos que pagar las indemnizaciones, que serán mucho menos de esos 28 millones en gasto de personal, que hemos podido ahorrar gracias a las decisiones en materia de personal".