Los juzgados de lo Penal de Jerez están desbordados en cuanto al número de sentencias ejecutorias, es decir, aquellas que son firmes y que se deben empezar a cumplir. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recomienda que este tipo de órganos, son tres con los que cuenta la ciudad, debe rondar una media de 795 ejecutorias mientras que en Jerez cada uno de los órganos supera con creces las mil y ronda ya las 1.200, lo que supone a todas luces una sobrecarga de trabajo.

El volumen de asuntos de estos juzgados no ha hecho más que crecer desde que se crearon, unas cifras que van aumentando pero con los mismos recursos y los mismos medios personales y materiales. Para nadie puede pasar desapercibido que desde hace casi un año funciona en la ciudad un juzgado de Violencia de Género que se encarga en exclusiva de la instrucción de los casos de maltrato a la mujer. Buena parte de sus casos acaban por derivarse a los Penales jerezanos para que celebren el juicio, puesto que se trata de hechos graves o delictivos y no una falta, un hecho menor. Otros, por otra parte, terminan por enjuiciarse en Cádiz por la gravedad de lo ocurrido en la sección especializada que la Audiencia tiene para ello.

La entrada en funcionamiento de este juzgado ha disparado las cifras de procedimientos y por tanto de ejecutorias, una vez que el fallo se declara por firme. Los Penales deben velar porque eso sea así, porque se cumpla la pena. Ese volumen de trabajo se puede intensificar aún más cuando se ponga en marcha el futuro juzgado de Instrucción número 5 que tiene previsto echar a andar el año que viene, tal y como dio a conocer la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo. La situación para ese entonces puede haberse complicado mucho más, si antes no se le pone remedio con algún tipo de medida. Éstas pueden ser o bien el refuerzo de la plantilla de funcionarios que puedan aliviar el papel -esta medida se ha tomado en otras ocasiones- o bien la creación en un futuro, como mínimo en 2010, de un nuevo juzgado de lo Penal para Jerez.

Hay que recordar que el atasco y la falta de medios en los juzgados de lo Penal, que tienen casi 270.000 sentencias pendientes de ejecutar, como destacó el mismo Consejo de los Jueces, salió a relucir tras lo ocurrido con el caso Mari Luz. Fue entonces cuando se descubrieron las sentencias 'aparcadas' o no ejecutadas en las que Santiago del Valle estaba condenado, pero este sujeto no estaba cumpliendo esa pena. Recientemente tanto el juez Tirado, titular del Penal 1 de Sevilla, como la secretaria judicial del juzgado han sido sancionados.