Jerez

Piden sancionar al Consejo del vino por ir contra la libre competencia

  • La investigación del Ministerio de Industria califica de "infracción muy grave" los acuerdos sobre el cupo de ventas establecidos entre mayo de 2006 y julio de 2008 · La sanción podría ser supermillonaria

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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) sancionará, con toda seguridad, al Consejo Regulador de las denominaciones de origen Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda a la vista del informe del Ministerio de Industria que obra en su poder en el que se recoge que el cupo de ventas que aprobó en pleno en mayo de 2006 atenta contra distintos aspectos de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC).

El informe recoge literalmente que se trata de acuerdos "adoptados en el seno de una asociación de empresas [sic] que tienen por objeto y efecto una limitación de la distribución, un reparto del mercado y una fijación indirecta de los precios", aspectos todos ellos contrarios, lógicamente, a dicha ley de competencia y que llevan incluso al informe a considerar como "infracción muy grave" la decisión del Consejo, adoptada, hay que subrayarlo, a propuesta de Fedejerez.

Como se recordará, el Consejo Regulador del vino aprobó en mayo de 2006 un nuevo sistema para fijar el cupo de ventas. Hasta entonces, la institución fijaba un porcentaje lineal, el mismo para todas las bodegas; a partir de ese momento, se decidió que ese porcentaje se estableciera teniendo en cuenta las ventas -no solo las existencias- que había tenido la bodega durante los últimos cinco ejercicios.

El cambio en el cupo de ventas motivó la protesta de varios operadores e incluso dos de ellos (la sanluqueña Caydsa y Grupo Garvey) decidieron acudir a la CNC, que admitió a trámite la denuncia, abrió expediente y solicitó el mencionado informe a la Subdirección de Industria y Energía (dependiente del Ministerio de Industria).

Tras el rechazo a las alegaciones presentadas por el Consejo Regulador, Competencia afirma con rotundidad el proceso no tiene ya marcha atrás, ni siquiera en caso de que la parte denunciante decidiese retirarse, debido a que ya se ha elevado la propuesta de sanción a la Comisión, que ahora tiene que fijar fecha para la vista.

El hecho de que el informe con el que se cierra la investigación realizada por Industria considere "muy grave" la "infracción" cometida por el Consejo Regulador da pistas sobre la sanción que puede recibir. Según recoge la Ley de Defensa de la Competencia, el Consejo podría ser sancionado con una cantidad máxima equivalente al 10% del volumen de negocio del infractor. En caso de no poder delimitarse claramente dicho volumen y su porcentaje, la ley recoge la posibilidad de establecer una sanción a partir de 10 millones de euros.

El informe de Industria analiza también los efectos en el mercado del cupo de ventas basado en las cinco anteriores campañas. De entrada califica al cupo como "condiciones comerciales" que, a su vez, "limitan la producción y la distribución, generan tanto efectos directos para otras bodegas y para el sector en su conjunto como efectos indirectos sobre el bienestar general y sobre los consumidores particulares de dichos vinos".

Más adelante, respecto a las bodegas, el informe pormenoriza que el nuevo cupo habría establecido barreras a la expansión de las bodegas ya instaladas y a la entrada de nuevas bodegas en el mercado; el reparto del mercado, favorable a las empresas de mayor tamaño y el control de la oferta y los precios del mercado.

En cuanto a los efectos indirectos, el informe dice que "el control de la oferta y, por tanto, la posibilidad de mantener artificialmente elevados los precios supone una pérdida del excedente del consumidor de estos vinos" e incluso apunta a una posible merma en la calidad e innovación de los vinos, "con la consiguiente pérdida de prestigio de la denominación de origen".

La Comisión Nacional de la Competencia tiene abierto otro expediente sancionador, en este caso de oficio, contra siete de los principales grupos bodegueros del Marco, que se sometieron a inspecciones domiciliarias por un posible acuerdo de reparto de mercado y fijación de precios.

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