Pilar Sánchez ya tiene el tercer grado penitenciario, una calificación que le permitirá cumplir la parte de condena que aún le resta en su casa, aunque estará controlada mediante sistemas telemáticos.

Ayer se conoció que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Andalucía, con sede en Sevilla, aceptó la petición realizada por la ex regidora por lo que ya podrá realizar los trámites para salir de la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra, en la que cumple condena desde febrero del año pasado. Fuentes de su entorno confirmaron la decisión judicial tras el anuncio realizado el pasado mediodía por Radio Jerez.

Pilar Sánchez, que fue alcaldesa de Jerez entre 2005 y 2011, entró en prisión por los delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación, que cometió con la concesión de una subvención a una empresa para que se instalara en el Parque Tecnológico Agroalimentario (PTA).

Han sido varias las ocasiones que Sánchez solicitó que fuera calificada como interna de tercer grado para, de este modo, cumplir el resto de pena en régimen de semilibiertad. No en vano, las peticiones contaban con informes positivos de la junta de tratamiento del centro penitenciario sevillano, donde su comportamiento siempre ha sido calificado como "modélico", según han insistido en varias ocasiones fuentes penitenciarias. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando no solo el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha accedido sino le ha permitido, incluso, que no tenga ni siquiera que pasar la noche en un centro de inserción social, una medida habitual para los reclusos que se encuentran en tercer grado. Para la concesión del tercer grado ha sido condicion sine qua non que Sánchez ya había satisfecho las cantidades que le reclamaba la Justicia en concepto de responsabilidad civil. Eso sí, desde abril Sánchez disfrutaban de permisos penitenciaros con salidas durante algunos fines de semana.

Sánchez fue condenada por la Audiencia Provincial al favorecer de manera ilícita a la empresa Tecnología e Innovación Sanitaria (Tisa) para que adquiriera una parcela de propiedad municipal en el enclave agroindustrial para instalar una planta generadora y envasadora de oxígeno para uso industrial, un proyecto que no llegó a ejecutarse. La firma obtuvo en forma de subvención una reducción en el precio del suelo a pesar de que no cumplía con los requisitos para ser beneficiaria de la cuantía concedida pues no solo no tenía el perfil buscado para instalarse en el Parque Tecnológico pues estaba dedicada al sector hospitalario, sino que se falseó un informe técnico para justificar la máxima ayuda económica. Tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal Supremo consideran demostrado la participación activa de Sánchez en el procedimiento en el que también fueron condenados la entonces delegada de Medio Rural, Carmen Martínez, y el capataz del PTA, Salvador Rubio.