El polémico desahucio llevado a cabo en la barriada rural de Caulina el pasado 30 de septiembre sigue coleando a día de hoy, pues después de que este martes varios de los afectados comparecieran en los juzgados para denunciar el trato recibido por los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, la Confederación Española de Policía (CEP), ha respondido a esta denuncia afirmando que "la Policía sólo estaba haciendo su trabajo".

Fuentes cercanas a este sindicato afirmaron ayer que la Policía "se limitó a hacer cumplir la orden directa del juez, que decretó que esa vivienda debía ser desalojada", por lo que aseguran que "no sé qué denuncian", en referencia a los afectados.

Una de las mayores quejas de los desalojados por la fuerza en Caulina fue la actuación "desproporcionada" de las fuerzas de Seguridad del Estado allí presentes", como aseguró este martes en la puerta de los juzgados una de las portavoces del colectivo Areca, grupo de apoyo a la represión en Caulina. Ante esta acusación, la CEP considera que en el citado desahucio se produjeron "acciones legítimas, pues la Policía está legitimada para hacer uso de la fuerza para hacer acatar la Ley", aunque matizando que "la Policía no agrede, repele acciones".

Para estas fuentes, al obstaculizar el desahucio puesto en marcha por orden del juez "los que cometen un acto ilegal fueron los que interrumpieron el proceso", ante lo que recuerdan que "vivimos en un país democrático y bajo un Estado de Derecho en el que hay que acatar las leyes".

Para la CEP "sólo hay una versión objetiva, pues las personas que cometieron una infracción fueron las que intentaron obstaculizar la orden del juez". "El juez da una orden directa de desalojar la casa y si oponen resistencia, hay que actuar", continuan explicando estas fuentes.

Ante esta acusación, la CEP afirma que "ya salimos en su día para dar nuestra opinión y defender a los compañeros de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR)", es decir, la os antidisturbios desplazados hasta Caulina.

Aunque la denuncia de los afectados a los agentes del CNP presentes en Caulina no será la única cita que tengan en los juzgados ambas partes, ya que fuentes de la CEP aseguraron ayer a este medio que, como se anunciara a principios de octubre, emprenderá acciones legales contra "los autores concretos" de las amenazas que denunciaron sufrir los agentes las redes sociales. La Policía sigue investigando.