La pasada semana, el pleno municipal dio vía libre a que el Ayuntamiento suscriba uno de los mayores préstamos de su historia. El crédito, que superará los 94 millones de euros, servirá para liquidar la deuda que el Consistorio arrastra con la Tesorería de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. 

La operación permitirá un importante desahogo para la Tesorería Municipal pues, a día de hoy, el Ayuntamiento tenía que reservar en torno a unos dos millones al mes para liquidar esta deuda, unas cuotas que iban a seguir aumentando mes a mes hasta liquidar el débito en 2024.

Tras el acuerdo de pleno, el Ayuntamiento suscribirá un préstamo que le permitirá no solo distender su tesorería sino también una rebaja global del coste de los intereses puesto que las condiciones son mucho mejores que las del acuerdo de fraccionamiento con los organismos estatales. Sin embargo, la carga financiera aumentará exponencialmente (está previsto que el Ayuntamiento cierre este año con una deuda viva que supere los 853 millones de euros) y será especialmente pesada a partir del año próximo por diversos factores pues, según las primeras estimaciones, los gastos financieros podrían llevarse casi el 17% del presupuesto municipal (en este año la previsión es que este coste ronde el 4,5%).

Ante esto, ¿cómo prevé el Ayuntamiento devolver no solo este préstamo sino todos los que tiene suscritos? Tal y como obliga la ley, cada vez que el Ayuntamiento se acoge a una línea de ayuda del Ministerio de Hacienda debe modificar su plan de ajuste donde se compromete a ejecutar una serie de medidas para aumentar sus ingresos y reducir sus gastos, además de actualizar sus previsiones económicas para el tiempo de vigencia de los créditos.

A día de hoy, no se conoce públicamente el grado de cumplimiento del plan de ajuste municipal. El último informe de la Intervención Municipal sobre este aspecto data del primer trimestre de 2018 (el ejecutivo alegó la semana pasada en pleno que la falta de personal en la Delegación de Economía está provocando que no se actualice con más rapidez la información económica en este apartado de la web municipal). No obstante, este miércoles el Ministerio de Hacienda publicó un listado con las entidades locales que incumplieron su plan de ajuste en 2017, 2018 y 2019 y en los tres aparece el Ayuntamiento jerezano. Así, en relación a 2019, Hacienda apunta que Jerez no cumplió con las previsiones de su resultado de tesorería para gastos generales, ni con el periodo medio de pago de facturas a proveedores ni con el ahorro neto estimado.

Ahora bien, a pesar de estos incumplimientos, el Ministerio ha seguido aprobando las distintas modificaciones del plan de ajuste propuestas por el ejecutivo. La última fue el pasado mes de marzo para poder pedir un préstamo de 29,4 millones para pagar facturas que el pleno autorizó el pasado año. La propuesta recibida la pasada semana también tendrá que recibir también el visto bueno de Hacienda.

En ella, el ejecutivo incorpora dos nuevas medidas a las que ya venían recogidas desde hace años. Así, por un lado, prevé ingresar unos 500.000 euros extra en este 2021, y unos dos millones a partir del año próximo, intensificando las inspecciones a las empresas para evitar fraudes en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Para ello, y al igual que se hiciera en 2017, se contratará a una empresa para que haga esta labor.

Mientras, en el apartado de gastos se contempla una rebaja que rondará el millón de euros al año gracias a que la Junta de Andalucía ha aumentado el precio que abona por el servicio de ayuda a domicilio, por lo que se reduce la aportación que tiene que hacer el Ayuntamiento a esta prestación.

Estas dos medidas se unirán así a las que llevan años aprobadas, aunque algunas no se han ejecutado y otras no han alcanzado los importes de ahorro previstos. En materia de ingresos, el plan de ajuste mantiene la supresión de algunas bonificaciones de impuestos que el pleno aprobó hace casi cuatro años. Asimismo, contempla aplicar un recargo en el IBI de hasta el 50% de las viviendas que permanezcan desocupadas de manera permanente (una medida establecida por normativa autonómica).

Y al igual que en otros planes, el documento contempla una “actualización” de los impuestos y tasas municipales, es decir, aplicar el IPC (Índice de Precios al Consumo) a los tributos. Ahora bien, esta medida no ha podido ponerla en práctica en los últimos años ya que el ejecutivo no ha logrado el respaldo de otros grupos para que la propuesta saliera adelante en el pleno. De hecho, el pasado año le llegó a pedir a Hacienda que modificara la ley para que la aplicación del IPC a los impuestos fuera obligatoria. El ejemplo ha sido la tarifa del agua que, a pesar de estar obligada a subirla por contrato, ha sido tumbada varias veces por la oposición, por lo que anualmente se le está compensando a la empresa concesionaria de este servicio, por no aplicar el IPC a las tasas.

En cuanto a los gastos, el ejecutivo mantiene que está ahorrando en costes de personal al no poder sustituir al personal laboral indefinido que se jubila o se marcha del Ayuntamiento. También mantiene su compromiso de reducir las contrataciones de empresas para asistencias técnicas (en el último año el ejecutivo se ha gastado unos 165.000 euros en asesorías externas). Y mantiene su pretensión de reducir los contratos menores. Sin embargo, el pasado año adjudicó unos 2,6 millones de euros mediante este procedimiento, unos 300.000 euros más que en 2019.

Ahora bien, el Ayuntamiento seguirá acogiéndose a nuevas líneas de crédito conforme las vaya habilitando el Ministerio. De hecho, este año tiene posibilidad de suscribir otro préstamo de unos 39,2 millones. Eso sí, viendo la progresión que tendrá en sucesivos años la carga financiera, es más que previsible que el Ayuntamiento tenga que replantearse una nueva refinanciación de su deuda. De hecho, ya lo hizo en 2015 y en 2018 para tener más capacidad para devolver los préstamos suscritos (algunos tienen vigencia hasta 2045).

No en vano, el año próximo tendrá que empezar a devolver algunos de los créditos firmados el pasado año, y en 2024 empezará a pagar amortizaciones por el de la deuda con la Seguridad Social (la estimación es que la cuota anual ronde los 11 millones).