El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Jerez tenía a finales del segundo trimestre del año en curso (30 de junio) 1.476 asuntos pendientes. En este último trimestre ingresaron 377 'casos', lo que vino a suponer unos cuatro diarios, si bien la carga de trabajo se logró rebajar al resolverse 470, con lo que el atasco ha quedado en 1.383. Son tan sólo cifras, pero muy indicativas de cómo vive un juzgado que tiene a su cargo 21 municipios entre los partidos judiciales de Jerez, Arcos y Ubrique. En la actualidad, ya se están señalando juicios orales para el 27 de abril de 2017. Este dato da idea de la saturación bestial que padece este órgano judicial. "Hay tantos señalamientos que hasta hacen falta más estanterías para meterlos".

Pero lo realmente importante no son las cifras, sino el hecho de quién es el principal responsable de que este Juzgado de lo Contencioso Administrativo esté saturado. Pues bien, la responsable de que la Consejería de Justicia de la Junta no dé abasto en Jerez es otra Consejería de la Administración autonómica, la de Salud. El hecho irrefutable es que el Servicio Andaluz de Salud, el SAS, es quien llena de asuntos este Juzgado. Es más, en una reunión que mantuvo ayer el político popular Antonio Saldaña junto a otros cargos públicos (diputados provinciales) con el juez titular de este órgano, Antonio Cortés Copete, salió a relucir que "el 60% de los casos que se ven en el Juzgado proceden precisamente del SAS". Se trata sobre todo de demandas de días adicionales de libre disposición, complementos de 'atención continuada B' o acerca del recorte salarial de los 44 días. Según trascendió, lo grave de este asunto es que son casos que la Junta lleva a juicio, colapsando el servicio, sabiendo que la causa está perdida desde el principio. Ello provoca que las sentencias den la razón a los demandantes y la Junta tenga que pagar las costas del juicio, las cuales suelen ascender a más de 500 euros que, como es obvio, se pagan con dinero público. "Todo ello provoca que el SAS colapsa el Juzgado e impide que haya más celeridad para otras demandas". Otro factor añadido es que el retraso a la hora de que un caso obtenga sentencia provoca que a la hora de pagar (si ha lugar a ello) los intereses legales más siete puntos que marca la ley se disparen.

Todo ello provoca, además, que el selecto equipo de abogados de la Junta de Andalucía (de los mejores de España, según se dice) estén centrados en batallas perdidas y no puedan acometer otros menesteres. Hay esperas de más de un año.

La solución, según informó el juez Cortés Copete a la representación popular, "apenas costaría nada en materiales, pues con unas mesas y unas sillas bastaría", todo ello para que un nuevo juez ayudara a dar salida al atasco. "No sería necesario un nuevo Juzgado de lo Contencioso ni nada por el estilo. Con otro juez esto se arregla", destacó absolutamente convencido el magistrado Cortés Copete a la delegación política.

Antonio Saldaña se comprometió a presentar una batería de preguntas en sede parlamentaria para que el Gobierno andaluz explique las razones por las que se lleva a cabo "esta política de alargar los problemas en el tiempo a costa de pagar decenas de miles de euros de dinero público".