Jerez

Siembran serias dudas sobre el peritaje judicial de los huertos de ocio

  • Las defensas aseguran que no se usó la técnica que es exigida por la ley

  • El experto que aportaron fija un precio de 24 euros por metro cuadrado, la tercera parte que el oficial

Un momento de la protesta desarrollada ayer a las puertas de la sede judicial de la avenida Álvaro Domecq.

Un momento de la protesta desarrollada ayer a las puertas de la sede judicial de la avenida Álvaro Domecq. / manuel aranda

El juicio por el caso 'Huertos de Ocio' vivió ayer, en su séptima sesión, una de sus jornadas más importantes con la declaración de los peritos que tasaron los terrenos que dan nombre a este proceso. Acudieron tanto el perito que realizó la valoración por encargo del Juzgado como el que la defensa de Luis Cruz aportó para que realizara otra que fuera, a su juicio, "más ajustada a la realidad". El objetivo era saber qué valor tenían los referidos huertos en 2003, fecha en la que se empieza a mover administrativamente el desalojo de estos terrenos municipales y su posterior permuta por el edificio de oficinas de Palomino & Vergara en la antigua calle Colón.

Las defensas, especialmente Jesús Salido y Manuel Hortas, pusieron en jaque al perito judicial después de que hicieran ver al tribunal que el trabajo no se realizó conforme a los requisitos legales exigidos por la ley. El hecho de que incluso utilizara valores del precio del suelo de la provincia de Cádiz fue ampliamente criticado por los abogados, así como que el método que utilizara para desarrollar la peritación no fuera el más adecuado a su juicio. Este perito, el judicial, que contaba con unas 40 tasaciones en 2008, tuvo frente a sí a otro perito, reconocido por el Banco de España, y con más de 7.000 tasaciones a las espaldas. Era el aportado por la defensa que ejerce Jesús Salido. Discrepó este experto ampliamente de la versión de su compañero y si de sembrar la duda se trataba no cabe la menor duda que quedó sembrada y quizás esté hasta dando ya 'brotes verdes'.

"Un terreno ocupado es más barato que uno en el que no haya nadie pues habrá más gastos"Los servicios y hasta los accesos a San José Obrero fueron motivos de debate

A todo esto, el verdadero objetivo de esta comparecencia conjunta de los peritos (que en algunos momentos tuvo 'aires' de careo) no era otro que determinar el precio por metro cuadrado. El perito de las defensas lo fijó en 24,49 euros, "la tercera parte de la valoración" realizada por el otro experto.

A todo ello se unen factores tales como que el mercado inmobiliario (y en consecuencia el suelo) estaba al alza en 2003 y apenas cuatro años más tarde comenzó a caer el precio. Para los abogados defensores, "las valoración aportada por el perito judicial "ha sido más teórica que real, ya que rechazó atender a los precios reales que se manejaban en la zona y, además, utilizó una técnica que no era la adecuada". Aseguró la defensa que "hubo documentos que debió solicitar y que no pidió", a lo que el tasador destacó que su objetivo era "realizar una valoración objetiva e imparcial, por eso no debo acudir a terceros".

En el aire quedó un argumento de las defensas en el cual se citó una ley que obligaba al perito a utilizar el denominado "método residual dinámico" cuando él utilizó el residual estático. Si la ley estaba o no en vigor entonces lo deberá resolver el tribunal.

Otro frente de debate se estableció en torno a los accesos, servicios y facilidad de aparcamiento en la zona. Las visiones fueron nuevamente diferentes. De un lado se aseguró que los servicios eran mínimos, aunque estuvieran en los alrededores grandes superficies como Hipercor o Carrefour. Incluso se discutió en torno a la clase social de la zona, que si media, que si media baja. Se habló de que la vivienda más habitual es la autoconstruida, así como del momento en que se tasaron los terrenos: "Lo habitual -dijo el perito de la defensa- es que los terrenos se tasen antes del desarrollo urbanístico, pero en este caso el desarrollo ya estaba hecho", e indicó igualmente que "el hecho de que hubiera edificaciones en los huertos (las casetas que levantaron los parcelistas con permiso de la GMU) también abarataban el suelo" ya que había que demolerlas.

Otros puntos de debate se establecieron en torno a asuntos tales como si el terreno de los huertos valía lo mismo teniendo ocupantes (como era el caso) o si no los tenía. La pericial de la defensa aseguró que "si hay ocupantes es más caro porque al precio del terreno hay que sumar los gastos de desocupación".

Antes que ellos declaró otro perito, el que se encargó de visitar las oficinas de Palomino. Dijo que el estado del inmueble "era malo, pero no ruinoso" debido, sobre todo, "a la falta de uso y de mantenimiento". No vio que el edificio estuviera afectado por el mal de la piedra.

Terminaron de conformar la sesión una trabajadora de la GMU que poco aportó, así como un notario ya jubilado y de avanzada edad (84 años) con serios problemas de memoria, así como Ezequiel Navío, presidente de la operadora de telemarketing Bouncopy que llegó a tener 600 trabajadores en la ciudad.

El notario, Rafael González, fue tremendamente sincero con el tribunal entre las sonrisas de la sala: "Aún recuerdo artículos del Código Civil pero no de lo que cené anoche", en clara referencia a que los hechos en cuestión, y certificados en su notaría, acaecieron hace casi quince años.

Por su parte, Ezequiel Navío, presidente de Bouncopy, dijo haberse reunido con Luis Cruz y Pacheco para establecer en Jerez la compañía. Tuvo buenas palabras para ellos, no así para la ex alcaldesa Pilar Sánchez y la Junta de Andalucía. Los años transcurridos volvieron a erigirse en un problema pues no recordó que su empresa tuvo cinco años en su poder las llaves de las oficinas de Palomino & Vergara y una trabajadora suya las devolvió en 2010. Eso sí, manifestó al tribunal que cuando se les ofreció dicho edificio de oficinas "lo desechamos en todos los sentidos" por el mal estado en que se encontraba, con techos caídos incluso. Hasta apuntó que el edificio estaba aquejado del "mal de la piedra", según le dijo un técnico.

Por ello prefirieron alquilar un casco de bodega cercana al empresario José Páez y adaptarlo con suelos flotantes y metros y metros de cableado. La empresa, tras adherirse una compañía de capital riesgo e iniciar una expansión por Iberoamérica, entró en concurso de acreedores y desapareció.

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