La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales ‘Sol Rural’ ha celebrado esta semana una asamblea en la que han tratado, entre otros asuntos, el caso del ya ex delegado de Las Pachecas, Alberto Garrido, acusado de un presunto delito de acoso sexual.

Tras el encuentro en el que participaron representantes en las distintas barriadas y entidades locales de Jerez, ‘Sol Rural’ ha querido emitir un comunicado en el que “mostramos nuestra postura en este caso y en cualquier otro que implique el apoyo y sororidad con las mujeres que denuncian cualquier tipo de agresión a su dignidad, integridad moral y/o física. ‘Sol Rural’ sí te escucha, hermana”.

Desde la federación, que preside Francisca Gago, hacen hincapié en que “necesitamos mandatarios públicos que sepan, prioritariamente, respetar a las personas y las leyes”. En este sentido, añaden que “cuando una mujer denuncia por abusos, acoso, violencia... espera acogida, protección y escucha desde el Estado de Derecho que es España. Es un derecho de la mujer y una obligación de los poderes públicos correspondientes”.

Así las cosas, recalcan que las asociaciones de mujeres que conforman la federación ‘Sol Rural’ “no somos juezas, no nos corresponde juzgar a la víctima, sino protegerla, conocerla, hablarle y darle confianza en las instituciones y administraciones públicas correspondientes”. Del mismo modo, señalan que al “gobierno correspondiente, junto con otras instituciones sindicales, sociales, ONG e Instituto Andaluz de la Mujer deben poner en marcha los procesos necesarios para que el cumplimiento de la Ley Integral contra la Violencia Machista se haga realidad”.

“Ni que decir tiene que si los abusos de poder, en las formas mencionadas y otras que se pudiesen dar, los ejerce un cargo público que es nombrado como responsable del cumplimiento de la ley, la obligación de sus superiores de actuar suspendiéndole de sus funciones y denunciando el caso. No es una elección, es un deber ineludible”, concluyen desde Sol Rural.