El Ministerio Público solicita más de once años de cárcel por una mujer acusada de un delito contra la salud pública. La petición de pena es tan elevada no sólo porque la mujer tenga antecedentes, sino porque el fiscal sostiene que para la venta ilícita de sustancias estupefacientes se valieron de personas menores de edad en la fecha en la que se produjo la operación, en la primavera de hace dos años.

Junto a esta mujer, que venía conducida de prisión, se sentaban en el banquillo dos de sus hijos, así como otro joven que al parecer había mantenido una relación sentimental con una de la hija de la principal encausada. Es precisamente para la madre, una mujer de mediana edad, para la que se solicita la pena mayor, mientras que para los otros tres jóvenes, la pena que pide el Ministerio Fiscal, que en este caso estaba representado por el Fiscal jefe de Jerez, José Rabadán, se solicita una pena de nueve años y un día de prisión. Precisamente el juicio se ha suspendido hasta dentro de una semana al cambiar el Ministerio Público su calificación e incluir la agravante de uso de menores para cometer estos hechos delictivos. Las defensas, ante ese cambio, solicitaron un aplazamiento y así encarar los informes de otra forma. Por su parte, el fiscal pidió que se dedujera testimonio de un testigo y que se remitieran a la Fiscalía de Menores los hechos que involucran supuestamente a un adolescente menor de edad en la venta de drogas.

La operación fue practicada por la Guardia Civil en la población serrana de Villamartín, que forma parte de la jurisdicción de Jerez, de ahí que la causa haya sido juzgada por el tribunal de la Sección Octava de la Audiencia Provincial. Fueron efectivos de la Benemérita los que se encargaron de realizar una serie de vigilancias a las viviendas de los encausados, donde supuestamente tenían lugar las ventas de drogas. Además, se intervino a algunos compradores que tuvieron que acudir a testificar en el juicio como testigos. Uno de ellos precisamente tuvo que venir ayer conducido por la Guardia Civil, tras ser detenido. No obstante, fue puesto en libertad al término de la sesión. Este testigo dijo que no conocía a ninguna de las cuatro personas que se sentaba en el banquillo y no se mostró muy claro acerca de una conversación con la Guardia Civil sobre quién le había ofrecido sustancias estupefacientes.

Los peritos señalaron además que dos de los acusados aquejaban el consumo de droga, en concreto la matriarca, M.C.H.G., que había tenido bastantes altibajos como consecuencia de esta adicción, algo que llegaba a mermar sus facultades.