Jerez

Suspendida cautelarmente la contratación para externalizar la asesoría jurídica municipal

  • El sindicato CGT había presentado un recurso en el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales

El procedimiento para externalizar la asesoría jurídica municipal se ha suspendido de manera cautelar tras un recurso presentado por el sindicato CGT ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales que ha sido admitido a trámite. La medida es temporal ya que este órgano deberá analizar ahora la legalidad del proceso seguido por el gobierno local. El anuncio de la suspensión fue realizado por la CGT en un comunicado quien, a su juicio, corrobora la "mala gestión del gobierno socialista".

A principios del mes de noviembre se aprobó en una junta de gobierno local el concurso para la contratación de un despacho para que lleve la representación jurídica municipal así como la asistencia en materia de gestión de recursos humanos. Desde el pasado mes de febrero y hasta finales de año, estas funciones están externalizadas al haberse contratado al bufete de abogados Martínez Escribano, con sede en Sevilla. Pero el ejecutivo, alegando la falta de funcionarios licenciados en Derecho en el Ayuntamiento, decidido sacar esta contratación de nuevo a licitación pero ampliándola para los dos próximos años por un importe que rondará los 300.000 euros. sin embargo, esta decisión fue recurrida tanto por los sindicatos CGT y CSIF. El procedimiento de licitación se encontraba actualmente en la fase de estudio de las propuestas económicas presentadas.

CGT recordó ayer en el comunicado que el objeto de su recurso estaba basado "en una serie de hechos donde cabe resaltar la falta de previsión en los pliegos de condiciones aprobados del recurso especial en materia de contratación, el riesgo de cesión ilegal de trabajadores, vulneración de principio de transparencia y la contratación de servicios externa incurre en incumplimiento del plan de ajuste entre otras razones".

Tras conocerse que se ha admitido a trámite, CGT incidió en que esto muestra "la ineficacia e insolvencia de un gobierno local que pretendía sacar a concurso la contratación de un gabinete jurídico saltándose a la torera la realidad orgánica de la propia institución dónde existen al menos cincuenta trabajadores licenciados en derecho". "No es admisible, que la persona que recibe la retribución entre otras cosas por ser la directora de este departamento admita dicha contratación para la realización de un servicio, el cual ha sido literalmente desmantelado anteriormente por ella", añadió.

Para CGT, este procedimiento de contratación "incurre en el incumplimiento del plan de ajuste al que está sometido el propio Ayuntamiento". "Sea como fuere es difícilmente justificable que una administración con 50 técnicos licenciados en Derecho y al menos 9 de ellos con acreditada experiencia en tribunales y sometida a un plan de ajuste requiera contratar externamente los servicios pretendidos", concluye.

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