El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) asumió ayer todo el protagonismo de la ofensiva judicial contra el referéndum del 1-O y tomó el control de las operaciones para desactivar la consulta a cuatro días de su convocatoria. El Alto Tribunal catalán ordenó a la Fiscalía que cese en sus "diligencias, actuaciones e instrucciones" para impedir la votación porque una magistrada del TSJC ya ha asumido la investigación.

Se trata de la juez que instruye la querella contra el Govern por el 1-O, Mercedes Armas, que ha ordenado a Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional que impidan hasta esa fecha el uso de locales o edificios públicos vinculados al referéndum y requisar todo el material relacionado, e impedir su apertura el día de la votación o cerrarlo si ha abierto. El auto no alude explícitamente a precintar estos lugares, sino a "impedir" que en ellos se pueda votar o albergar apoyo logístico.

El escrito constata una "clara inobservancia" por parte de los querellados de sucesivos pronunciamientos del Tribunal Constitucional (TC) sobre el referéndum y también de resoluciones de la propia juez que ordenaban bloquear webs del Govern sobre el 1-O. "Dichas cautelas han sido burladas" en webs semejantes, en las que además se subraya que la consulta va a realizarse, y por eso la juez interpreta que el Ejecutivo que preside Carles Puigdemont pretende hacer todo lo posible para el voto del 1-O. La magistrada ordena impedir este objetivo "sin afectar la normal convivencia ciudadana" y garantizar que las otras administraciones en Cataluña no se vean afectadas.

Eso implica impedir que hasta el domingo se usen locales o edificios públicos y lugares donde se presentan servicios de carácter público para la preparación del 1-O, también sin interferir en su funcionamiento normal. Si en uno de esos lugares se prepara el referéndum mientras hay servicios públicos en marcha, se deberán cerrar sólo las dependencias que afecten al 1-O. y también habrá que impedir el funcionamiento de establecimientos públicos con logística de apoyo a la votación.

Además, para que se garantice el buen funcionamiento de esta actuación conjunta, la magistrada establece que la coordinación de las fuerzas de seguridad responderán al Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, dirigido por el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. "La situación que se presenta en la jornada del día 1 de octubre en todo el territorio de Cataluña aconseja aunar las fuerzas de los diferentes cuerpos policiales, que deberán actuar conjuntamente para el cumplimiento de lo ordenado", afirma la juez.

Entretanto, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía contra las personas que participaron en las protestas del 20 y 21 de septiembre al entender que los hechos pueden ser constitutivos de delito de sedición por ir "dirigidos a romper la organización territorial del Estado" y declarar la independencia de una parte del territorio" quebrantando "el principio de la unidad de la Nación española".

Lamela ha ordenado a la Guardia Civil para que elabore el atestado sobre las actuaciones, al entender que la competencia de su investigación es de este cuerpo ya que los hechos podrían atentar contra los bienes jurídicamente protegidos y contra la actual forma de gobierno.

Por su parte, el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, avisó en un escrito al Fiscal Superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, de que la "estricta aplicación" de la orden de la Fiscalía para impedir el 1-O tendría consecuencias "no deseadas", ya que obligaría a suspender la actividad en servicios "esenciales" como hospitales, ambulatorios y geriátricos.