Último pleno ordinario de la legislatura 2007-2011

El acuerdo de la basura cuesta 35,6 millones sólo en pago de intereses

  • El PSOE avala solo el convenio con Urbaser, que "garantiza" el servicio ocho años más y refinancia una deuda de 32 millones hasta 2025 · La oposición censura un acuerdo "caro" y "contrario a los intereses de Jerez"

La empresa Urbaser seguirá ocho años más al frente del servicio de recogida de basuras de la ciudad pero seguirá cobrando del Ayuntamiento hasta 2025, fecha en la que teóricamente habrá liquidado sus deudas. El último pleno municipal ordinario del mandato aprobó ayer, con el único voto favorable del PSOE, la ratificación del convenio rubricado por la firma concesionaria con el Ayuntamiento y Aguas de Jerez (sociedad municipal que gestiona el servicio), mediante el cual se establece la continuidad de la empresa en la ciudad y la refinanciación de la deuda que arrastra el Consistorio, que asciende a más de 32 millones de euros -a los que hay que sumar otra operación de 8 millones que sí se está cumpliendo- por un grueso de facturas impagadas entre enero de 2008 y diciembre del pasado año.

Sorprendentemente, la operación a la que ha dado luz verde el pleno tendrá un coste financiero más elevado que la deuda actual con la concesionaria, puesto que los intereses a los que deberá hacer frente el Ayuntamiento jerezano, según se recoge en el anexo del convenio (al que ha tenido acceso este medio) ascienden a unos 35,6 millones de euros, a razón de una media de unos 2,5 millones anuales entre este año y el 28 de febrero de 2025. En este sentido, sólo para el presente año, según se establece en el acuerdo, las arcas municipales deberán destinar 1,5 millones en gastos financieros por esta operación de refinanciación.

Además de prever una actualización obligatoria en los dos próximos años para reequilibrar el déficit tarifario entre lo que cuesta el servicio y lo que los jerezanos pagan por la basura, otra de las cláusulas del controvertido convenio establece una penalización de 1,6 millones de euros si se incumple el acuerdo. Por todo ello, a pesar de que el gobierno municipal, por boca de Juan Pedro Crisol, defendió un convenio que "garantiza la estabilidad del servicio", la oposición censuró un acuerdo "caro, contrario a los intereses de Jerez, que costará casi 180 millones de euros y compromete al Ayuntamiento durante los próximos 20 años. Son los únicos responsables de esta situación", arremetió el portavoz del Partido Popular, Bernardo Villar, antes de añadir: "Han hipotecado los futuros presupuestos municipales". Los reproches tampoco se hicieron esperar por parte del portavoz de Izquierda Unida, Joaquín del Valle, que recordó: "Estamos en el último pleno del mandato aprobando un acuerdo a exigencia de la empresa, cuando fue este gobierno municipal el que debió afrontar los problemas en su día y a su tiempo". "Tampoco solucionan de esta manera el problema de Ajemsa", insistió en alusión a la quiebra técnica en la que se encuentra la empresa municipal de aguas, recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos.

En cuanto a la subida en la tasa de la basura, Crisol subrayó que "la diferencia entre el coste del servicio y lo que pagan los jerezanos la asume Ajemsa y no tomaremos una decisión de actualizar la tasa hasta que no tengamos un estudio económico sobre el coste real del servicio". Después de atacar la política de "caos, desastre y alarma que el PP lleva aplicando en los últimos cuatro años", el delegado de Urbanismo aseguró a continuación que con el acuerdo "establecemos un compromiso de garantía de pago hasta la ejecución del contrato tras una concatenación de impagos desde 2000, que han llevado al servicio a una situación insostenible". De manera frontal se posicionó el concejal popular, que recalcó que las facturas que reclama Urbaser corresponden a la etapa del actual gobierno municipal socialista, al que acusó de usar Ajemsa como su "banca particular", ya que con el dinero recaudado por la tasa, "en lugar de pagar a la concesionaria por el servicio, lo ha empleado para otros fines". Del Valle, al hilo de lo anterior, defendió la redistribución de tasas e impuestos y lamentó que el gobierno local "haya tardado cuatro años en enterarse del desequilibrio". "En 2008 -ejemplificó-, no hubiera costado nada decirle a un vecino de La Granja que iba a pagar 32 euros menos de IBI y 12 más de basura, pero claro, quisieron ser el gobierno de todos y no han hecho nada".

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