Veintiséis años de prisión. Ésa es la pena a la que se enfrenta V.Z., un joven de nacionalidad ucraniana, que está acusado del asesinato del dueño de la tortillería Poti-Poti a finales de agosto del año pasado. Esa pena es la que pide para él la acusación particular que ejerce la familia de la víctima, que dejó cuatro hermanos.

El juicio aún no tiene fecha para su celebración, aunque eso sí, se hará por la vía del jurado popular por la que nueve hombres y mujeres tendrán que decidir si el acusado es culpable o inocente de los hechos de los que se le imputan. El primero de ellos, y el más grave, es el de asesinato. La Fiscalía y la acusación particular, que lleva el letrado Manuel Jesús Vázquez, del bufete Cosano y asociados, solicitan penas diferentes para este delito. Si el primero pide que se condene a V.Z. a veintidós años de prisión, la familia del fallecido va más allá y eleva la pena hasta los veinticinco, el máximo. Las dos partes entienden que el día de los hechos, el 26 de agosto de 2007, en ese crimen ocurrido en un domicilio de la calle Ídolos, hubo alevosía y ensañamiento, es decir, que se quiso ver sufrir a la víctima que tenía heridas en distintas partes del cuerpo como cuello, cabeza, cara, tronco y extremidades. Las causas de la muerte a las que apuntan las partes acusadoras son las heridas que supuestamente el inculpado hizo a la víctima con un cuchillo de cocina y que le llegaron a penetrar en el tórax, una de ellas con trayectoria hacia uno de los pulmones. Otra le llegó al corazón. La causa final de la muerte fue la fuerte hemorragia que sufrió la víctima, que había conocido a su supuesto agresor apenas unos días antes y que lo llevó a desangrarse. La agresión, como señalan Ministerio Público y la acusación se produjo en el interior de la casa del finado, cuando a oscuras, la víctima comenzó a recibir este fatal ataque sin previo aviso.

Ambas partes piden otro año más de prisión por un delito de hurto, ya que presuntamente V.Z. se hizo con varias pertenencias del fallecido, tales como un móvil, un ordenador y una cámara de fotos. También se llevó su coche (hurto de uso de vehículo) que apareció días más tarde en Algeciras. El imputado, en prisión preventiva, fue detenido en Barcelona a mediados de septiembre de 2007, dos semanas después del suceso.

Por su parte, la defensa considera que esa agresión se produjo tras una provocación y ataque por parte de la víctima. Ese día el acusado había bebido y consumido drogas, según apunta. Alega además dos eximentes, la de enajenación mental transitoria tras una provocación, así como la de intoxicación etílica y toxicológica, por lo que no sería responsable, criminalmente hablando. Asimismo, en caso de que se considerase que el acusado es criminalmente responsable, la defensa opta por un delito de homicidio y no de asesinato. La pena que se le debería imponer si se le condena es de diez años de prisión.