La Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Jerez, ha condenado a más de 44 años de prisión por delitos contra la Salud Pública a los catorce integrantes de la trama desarticulada por la Guardia Civil en la conocida 'Operación Aceituno'. Igualmente, los magistrados imponen multas por valor de 247.319 euros a los miembros de la banda, así como al pago de la quinceava parte de las costas procesales. Cabe destacar que uno de los acusados está en búsqueda y captura.

La pena más alta se la lleva un madrileño, que ejercía de mayorista de droga. Antonio A.P. ha sido condenado a cuatro años y seis meses de prisión y al pago de 96.615,60 euros. Cabe destacar que se tuvo en cuenta la confesión que realizó, lo que rebajó su condena. Este individuo, no en vano, disponía de un sofisticado sistema de puertas automatizadas y dobles fondos de apertura retardada en su piso madrileño, tales eran las precauciones que adoptaba para evitar ser sorprendido. Al poco tiempo se comprobó que había una conexión que se dirigía hacia Jerez. Se trataba de unos vecinos de la ciudad que acudían regularmente al domicilio madrileño de Antonio A. P., sito en el barrio de Vallecas. Iban allí a surtirse de cocaína. Se trataba según la sentencia de Eduardo H. B. y Francisco Javier G. G.. Tras Antonio A. P. son los siguientes condenados con mayor pena, debiendo cumplir cuatro años de internamiento en una prisión y pagar 57.622 euros. Según la sentencia, estos dos jerezanos "suministraban droga a varias personas de manera continua, haciendo del tráfico su vida habitual". La multa se corresponde con el importe de "la única droga encontrada".

El resto de los condenados son transportistas ocasionales de la droga, colaboradores necesarios para que el tráfico de cocaína fuera posible, así como personas que adquirían la droga una vez en Jerez para, a su vez, vendérsela a terceras personas. La pena más leve se la lleva una mujer, María del P. P.C., con un año y ocho meses de prisión.

La pena más habitual para las catorce personas juzgadas ha sido la de tres años de cárcel, a excepción de Francisco D. O., que sustituyó a uno de los cabecillas y vendió droga en su nombre (tres años y tres meses), Blas J. F. R. y Francisco G.G. , distribuidor el primero y padre de uno de los dirigentes el segundo (tres años y seis meses).

La sentencia, que se presumía condenatoria después de que seis de los acusados se conformaran con las solicitudes de condena del ministerio fiscal en la primera jornada del juicio, será recurrida por al menos cuatro de los abogados defensores, que no se muestran conformes con el fallo del tribunal presidido por el magistrado Ignacio Rodríguez Bermúdez de Castro. Todo el dinero incautado en las operaciones policiales, así como un turismo, teléfonos móviles y ordenadores han quedado intervenidos. La droga será destruida.