Jerez

Los arrendatarios de los huertos querían una mayor indemnización

  • "Con el dinero que nos ofrecieron no teníamos ni para las alambradas"

  • Los parcelistas fueron "mareados" de departamento en departamento de la GMU "buscando una solución"

Una imagen de la sala donde se celebra estos días el juicio del caso 'Huertos de Ocio'.

Una imagen de la sala donde se celebra estos días el juicio del caso 'Huertos de Ocio'. / miguel ángel gonzález

Los parcelistas de los huertos de ocio de San José Obrero subieron ayer al estrado. Fueron tres. Todos ellos vinieron a decir que si han actuado durante tantísimos años contra el Ayuntamiento de Jerez ha sido porque buscaban justicia. Finalmente, la solicitud de un documento al presidente de la sala, el magistrado Ignacio Bermúdez, vino a dejar claro que lo que buscaban era más dinero en concepto de indemnización.

Manuel Hortas, el abogado que defiende a Pedro Pacheco, no se cansó de preguntar en su turno a los arrendatarios de los huertos de ocio si eran conscientes de que en los contratos que tenían en su poder se decía bien claro que deberían abandonar las parcelas en cuanto el Ayuntamiento les requiriese para ello. Uno de ellos no tenía contrato porque había obtenido por cesión la parcela de un hortelano que en tiempos estaba enfermo y no podía sacarla adelante. Los otros dos sí tenían contratos. Finalmente asintieron, debían marcharse en cuanto se les conminara a ello. El problema radicaba en que ellos, según testificaron, hicieron numerosas mejoras en los huertos de ocio tales como excavar un pozo, vallar la zona y hasta plantar árboles frutales, los cuales como es sabido tardan años en crecer.

Reconocieron los parcelistas que hubo ofertas económicas del Ayuntamiento. Nueve de los más de cuarenta arrendatarios las aceptaron, los demás no, bajo la excusa de que, tal y como aseguró ayer uno de ellos, "con ese dinero no llegaba ni para pagar las alambradas". Y es que ellos consideran que todo lo que dejaron atrás en ese suelo municipal debería ser resarcido. "Las herramientas y los aperos de labranza se los llevaron a una nave y nunca más se supo de ellos", dijo uno de los parcelistas mientras otro aseguró que llegaron a intentar cargarles los gastos que supuso el desalojo acometido en 2004.

Estos hombres, mayores, vinieron a narrar las condiciones en las que 'navegaron' por la Gerencia Municipal de Urbanismo donde, aseguraron, "fueron mareados de un sitio a otro" hasta que fueron atendidos por el letrado municipal Fernando Núñez, que se sienta en el banquillo por la acusación que ejercen los parcelistas y no por el criterio fiscal, que no ve delito alguno en su comportamiento.

Hubo detalles que llamaron la atención, tan llamativos como que hubiera parcelistas que vieran que enfrente de los huertos empezaba a levantarse una urbanización (lo que conllevaba ese temor tan humano a ver comida tu tierra por el ladrillo) y otros que no vieran absolutamente nada. Hubo miradas a los acusados que recordaron viejos rencores que aún siguen vivos.

Una fecha clave durante la mañana de ayer fue 2003, cuando recibieron el primer aviso desde la Gerencia Municipal de Urbanismo diciéndoles, poco más o menos, que debían ir preparándose. "No hay vuelta atrás", cuentan que les dijeron. A éste le siguió otro aviso, ya de carácter inminente. Los arrendatarios de los huertos fueron contando las reuniones que mantuvieron en esa navegación sin rumbo que emprendieron por la Gerencia. Fue allí donde se reunieron en una ocasión con Luis Cruz, el gerente, quien les dijo que todo estaba en manos del político, Pacheco. Incluso mantuvieron una reunión con la alcaldesa Pilar Sánchez.

Gran parte de la indignación de los parcelistas recae en el hecho de que realizaron inversiones en sus parcelas, de unos 600 metros cuadrados cada una de ellas y por las que pagaban unas 300 pesetas al mes como renta.

Francisco G. A., uno de los parcelistas más jóvenes, aseguró al tribunal que mientras les daban "pares y nones en la Gerencia nos dio la sensación de que era un caso que ya estaba resuelto. Y que por eso no se nos atendía. Era vox populi en Jerez que Pacheco nunca daba un paso atrás". Llegó el momento en que supieron que los terrenos ya no eran del Ayuntamiento sino de la empresa Xera, propiedad de Monreal, si bien los testigos fueron incapaces de asegurar si lo supieron antes o después de que se acometiera el desalojo. Igual sucedió cuando mantuvieron una reunión con José Antonio Monreal, quien por motivos de salud no se sienta en el banquillo como acusado.

"Pretendíamos que se hiciera justicia. Nos ofrecieron cantidades ridículas. Salíamos de las reuniones tal como habíamos entrado", destacó entre otros asuntos al tribunal. "Todos teníamos el convencimiento de que quien podía arreglarlo todo era Pedro Pacheco", apuntó.

A preguntas de las defensas este testigo señaló que si no recogieron sus cosas tras el primer aviso de desalojo fue "porque no nos creímos la notificación". Este parcelista sí se percató de que Jerez se iba comiendo con sus urbanizaciones la zona de los huertos. Reconoció abiertamente que lo que buscaban era una mayor indemnización.

La jornada terminó con las declaraciones del arquitecto Ramón González de la Peña, que accedió al consejo de gestión de la GMU por invitación de Pacheco, y Juan Torreira, quien fuera secretario de un consejo de José Antonio Monreal "que nunca se reunía".

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